e-book_violencia_derechos_humanos_y_seguridad_ciudadana

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las empresas registradas son consideradas «organismos sinfines de lucro» y, por tanto, no pagan impuestos). También senecesita una evaluación del control de las empresas privadaspor parte de la Dirección General de Servicios Especiales Preventivos(DGSEP), la Unidad de Registro y Control de EmpresasPrivadas, y la Asociación de las Empresas de Seguridad eInvestigación Privada de Honduras (ASEMSIPH).IV. Justicia25. Ministerio Público. En mayo asumió la Comisión Interventoradel MP, creada por el Congreso Nacional con el mandato de,en dos meses, realizar un diagnóstico institucional y elaborarpolíticas y planes. Nuestra impresión es que, en general, laComisión está integrada por personas comprometidas con elcambio institucional, tienen experiencia en la gestión pública,aunque no directamente en el MP. Aspiran a crear un nuevo MPy pedirán más tiempo, hasta marzo cuando asuma un nuevofiscal, con el propósito de profundizar la transformación institucionaly llevar a cabo una transición ordenada con la nuevaadministración.26. No está claro que lograrán esta ampliación, pues hay varios factoresen juego. Uno es la controversia pública sobre la legalidadde la Comisión Interventora, a lo cual se agrega la presencia enel MP del fiscal general, que no fue destituido, creando una fracturainterna dentro de la institución, entre el personal —sobretodo administrativo, que sigue reconociendo al fiscal como laautoridad— y una extraña bicefalia de autoridad que debilita elpoder de la Comisión. Otra es que difícilmente, en dos meses,la Comisión pueda judicializar casos de alto impacto, que es loque espera la opinión pública; según las comisionadas eso noserá posible porque las evidencias principales para construirlos procesos penales «están perdidas», lo cual es un reflejo dela tremenda debilidad institucional de la Fiscalía.27. Expedientes. El MP es central para la reforma judicial; constituyeun eje del Estado de derecho y por eso un foco integral de222
la Comisión Interventora es el mejoramiento de la investigacióncriminal. Muchos son los desafíos de ese proceso, pero un pasoconcreto para enfrentarlos de una manera que mejoraría lacoordinación entre los fiscales y la policía —una debilidad graveen Honduras— es capacitación conjunta en la formulación deexpedientes. Y tal capacitación no debería ser formal, enfocadaúnicamente en la Ley, sino en las prácticas actuales, como la faltade testigos, la contaminación de pruebas, las comunicacionesno claras entre fiscales y policías, y la competencia entre el MPy la DGIC (y con unidades especiales, como los Cobras y losrecién creados TIGRES).28. Cárceles. La CM apoya la creación del Instituto Nacional Penitenciarioestablecido por el Congreso Nacional en mayo de2012, no solo para mejorar las condiciones atroces en las cárceleshondureñas, sino para la coordinación en la implementaciónde las reformas judiciales y penitenciarias necesarias.Nos preocupa, por su impacto en el sistema penitenciario, laposibilidad de ampliar el catálogo de delitos para los cuales nose admite el otorgamiento de medidas sustitutivas a la prisión.Según la secretaría de Seguridad, el 40% de los crímenes escometido por personas que pueden gozar de estas medidas, yla Corte Suprema indica que el número de estas personas eshasta de 50,000.29. Sistema de información. Aunque la información es central parael funcionamiento del sistema de <strong>seguridad</strong> —sobre todo en lacoordinación entre la Policía, los fiscales y los jueces—, todavíano es claro el sistema que se utilizará. El secretario de Seguridadhabló de un sistema «encriptado», pero es recomendable queprimero se analice el funcionamiento de otros sistemas que sehan utilizado en Honduras, como el Manejo Nacional Automatizadode Casos y Sistema de Información (NACMIS, por sussiglas en inglés) y el Centro Electrónico de Documentación eInformación Judicial.30. Poder Judicial. Desde el inicio del debate sobre la reforma enmateria de <strong>seguridad</strong> interna, se advierte como un gran ausente223
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