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e-book_violencia_derechos_humanos_y_seguridad_ciudadana

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de otorgar estas atribuciones es que pueden ser utilizadas confines políticos para contrarrestar la oposición al gobierno. Sobreeste aspecto, la CIDH «ha constatado que grupos privados,paramilitares o parapoliciales, que actúan al margen de la leyo con aquiescencia del Estado, continúan identificando en algunospaíses a defensoras, defensores u organizaciones como“enemigos” u objetivos militares» 27 . Y «...en algunas ocasiones,se habría utilizado la inteligencia militar o policial para facilitarlas ejecuciones de defensoras y defensores de <strong>derechos</strong>» 28 .c) Seguridad centrada en la defensa de Estado, no de sus habitantes.Esta afirmación se puede comprobar en la tendenciadel Estado de continuar invirtiendo en las instituciones queconforman el ramo de <strong>seguridad</strong>, en lugar de hacerlo en educación,por ejemplo, pese a sus pobrísimos resultados. El presupuestoasignado a la Secretaría de Seguridad aumentó en 657millones de lempiras, aproximadamente, entre 2012 y 2013;por el contrario, a la Secretaría de Educación se le disminuyóen más de 1,629 millones 29 . El Instituto Internacional paraEstudios Estratégicos (IISS, por sus siglas en inglés) informóque Honduras incrementó su gasto militar para «la creaciónde nuevas fuerzas de <strong>seguridad</strong>, adquisición de equipos mássofisticados, mejora de sistemas de vigilancia costera y construcciónde nuevas bases para combatir el narcotráfico y elcrimen organizado». Víctor Meza, exmiembro de la Comisiónde Reforma a la Seguridad Pública, asegura que desde 2011ha iniciado un proceso en ascenso del gasto militar, desde lacompra de fusiles de fabricación israelí, pasando por el alquilerde lanchas en territorio holandés, hasta la compra de avionesTucano desarrollados en Brasil. Para el Observatorio de laViolencia de la UNAH, el gasto que se hace en los militares no27. CIDH. Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensoresde los Derechos Humanos en las Américas. 2011, párr. 55.28. Ibíd., párr. 70.29. Cfr. Decreto Legislativo 255-2011, art. 2 y Decreto Legislativo223-2012, art. 4.157

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