e-book_violencia_derechos_humanos_y_seguridad_ciudadana

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una inminente crisis fiscal del Gobierno central que desataríaprotestas de los empleados públicos por falta de cumplimientodel pago salarial, abonando al clima de ingobernabilidad. Hastaahora esas previsiones no se cumplieron, pero algunas siguenlatentes.8. Esta vez nuestra visita coincidió con la convocatoria de la autoridadelectoral a elecciones generales el próximo 24 de noviembre,y fue precedida por un extenso debate en el CongresoNacional y entre los líderes políticos sobre el voto electrónico,y acerca del eventual, pero improbable, cambio de las reglasdel juego estableciendo una segunda vuelta electoral, dandopor sentado que el centenario bipartidismo se ha roto en Honduras.Estos son signos de la dinámica que previsiblementemonopolizará la vida pública durante el próximo semestre.9. El panorama general en mayo, con relación a enero, cambiórelativamente para bien. La APJ fue el actor dinamizador enese periodo y se creó un nuevo espacio de articulación de organizacionesde derechos humanos, denominado «Coalicióncontra la Impunidad», que reafirma, complementa y amplíalas exigencias en materia de seguridad y justicia. En reunionescon las altas autoridades del Poder Ejecutivo y del Congreso, ytambién públicamente, sus directivos demandaron un plan dedepuración exprés, asesoría internacional para el Ministeriode Seguridad y la Policía Nacional a fin de ganar eficacia, y eldebate en el Congreso de al menos tres leyes (Ley de Policía,Ley del Ministerio Público y Ley del Consejo de la Judicatura),entregadas desde octubre de 2012 por la Comisión de Reformade la Seguridad Pública (CRSP) al presidente Porfirio Lobo, yque habían permanecido engavetadas hasta entonces.10. La DIECP anunció que había concluido la investigación patrimonialde cuatro oficiales de alto rango de la Policía, incluyendoa dos comisionados generales, pero el anuncio no tuvo consecuencias,lo cual siguió minando la confianza pública en esainstitución, pues casos anteriores, supuestamente investigados,tampoco se tradujeron en procesos administrativos o penales.216
11. El 4 de abril la APJ propuso públicamente al Congreso Nacionalllamar al fiscal general, al secretario de Seguridad, aldirector de la DIECP y a los magistrados de la Corte Supremade Justicia a rendir cuentas sobre sus estrategias y resultadospara disminuir la agobiante violencia e impunidad. Durantela semana del 8 al 12 de abril se celebraron audiencias públicasen el Congreso y las comparecencias de los funcionariosdevelaron ante los ojos de la población el fracaso en elcumplimiento de su misión institucional, en particular deljefe del Ministerio Público (MP) y del director de la DIECP. Enconsecuencia, la APJ recomendó al Congreso y al presidentede la República el relevo de esos funcionarios y la seleccióntransparente de profesionales probos y comprometidos conla misión de rescate de las instituciones.12. La Comisión de Seguridad del Congreso Nacional estudió lasaudiencias y las recomendaciones de la APJ y el 15 de abrilentregó sus recomendaciones a la directiva del Congreso, y enel caso de los órganos del Poder Ejecutivo, al presidente de laRepública. El Congreso aprobó una ley especial que crea por 60días una Comisión Interventora del MP, a la vez que suspendetemporalmente de sus funciones (pero no destituye) al fiscalgeneral. La Comisión Interventora la integran cuatro abogados:María Antonia Navarro, ex decana de la Facultad de Derecho dela Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Miriam Guzmán,ex Comisionada del Instituto de Acceso a la InformaciónPública, Ángela Madrid y Lino Tomás Mendoza. Por otro lado, elpresidente Lobo rotó al ministro de Seguridad, trasladándolo ala secretaría de Gobernación, y el director de la DIECP presentósu renuncia.13. Aunque el director y subdirector de la DIECP presentaron susrenuncias y estas fueron aceptadas públicamente por el presidentede la República, hasta el momento de nuestra visita, elConsejo Nacional de Seguridad Interior (CONASIN) no habíaelaborado ni presentado una lista de candidatos para que elpresidente nombrara a las nuevas autoridades de la DIECP, con217
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