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e-book_violencia_derechos_humanos_y_seguridad_ciudadana

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lencia que tanto la agobia. Como las experiencias comparadashan demostrado, al no ser un instrumento idóneo para resolverel problema, sino por el contrario, una medida que contribuye aagravarlo, incrementará la desesperanza y falta de credibilidaden el Estado.26. Observamos un marcado proceso de militarización de la vidacivil hondureña, cuyos antecedentes parecen remontarse a hacediez años, cuando el gobierno del entonces presidente RicardoMaduro desplegó a los militares en las calles para realizar funcionespoliciales. Ese despliegue se prolongó en los gobiernosde Manuel Zelaya y Porfirio Lobo Sosa. Como es lógico, cuandose involucra a militares en funciones de <strong>seguridad</strong> interna, notarda en politizarse su intervención. De ahí que el papel protagónicode los militares continuara durante el rompimiento delorden constitucional en 2009, y la recuperación bajo su controlde instituciones claves del Estado como Hondutel, Migracióny Extranjería, Aeronáutica Civil, entre otras. Otro dato que nose puede analizar de manera aislada de este contexto, es laaprobación en Consejo de Ministros del presidente Lobo Sosa,de un decreto que autoriza a los militares a administrar y usufructuarlos bosques, y la autorización del Consejo de Defensay Seguridad para que unidades militares vigilen y resguardenlas instalaciones penitenciarias por 90 días.27. Como lo señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH), la distinción entre las funciones que le competena las Fuerzas Armadas, limitadas a la defensa de la soberaníanacional, y las que le competen a las fuerzas policiales, comoresponsables exclusivas de la <strong>seguridad</strong> <strong>ciudadana</strong>, resulta unpunto de partida esencial que no puede obviarse en el diseñoe implementación de una política pública en materia de <strong>seguridad</strong>.Por tanto, el Estado hondureño no puede confundir losconceptos de <strong>seguridad</strong> pública y <strong>seguridad</strong> nacional, ya que lacriminalidad ordinaria, por muy grave que sea, no constituyeuna amenaza militar a la soberanía del Estado.241

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