e-book_violencia_derechos_humanos_y_seguridad_ciudadana

democrático. Según los estándares internacionales sobreindependencia judicial, existen tres condiciones para lograrla:(e.1.) el establecimiento de un proceso adecuado para elnombramiento y destitución de jueces y magistrados; (e.2.) lainamovilidad en el cargo durante el período establecido parasu desempeño y (e.3.) la garantía contra presiones externas. EnHonduras no se ha logrado ninguna de estas tres condiciones.La CIDH ha constatado que el poder judicial continúa siendoutilizado para fines políticos, pese a la creación de un Consejode la Judicatura como órgano de gobierno para separar lasfunciones jurisdiccionales de las administrativas. No obstante,quien lo preside, es también presidente del órgano que ejercela función jurisdiccional (Corte Suprema de Justicia). Organizacionesde defensa de derechos humanos han denunciadoante la CIDH que el proceso de selección de los miembros delConsejo de la Judicatura fue deliberadamente politizado, yque dos meses después de comenzar sus funciones, nombrómagistrados y jueces sin seguir los procedimientos indicadosen la ley, con el objeto de apoyar los operativos militares y laaplicación arbitraria y selectiva de sanciones disciplinarias,sin existir en la ley o reglamento un catálogo de las mismas 43 .Ciertamente, una de las características más visibles de estepoder del Estado ha sido la concentración del poder. Por otrolado, existe una clara cooptación del poder judicial, que quedóevidenciada la madrugada del 12 de diciembre de 2012, cuandoel Congreso Nacional (por iniciativa de su presidente JuanOrlando Hernández), destituyó a 4 de los 5 magistrados queintegraban la Sala de lo Constitucional de la Corte Supremade Justicia, exceptuando al único que no se opuso a la declaratoriade inconstitucionalidad de varios decretos legislativos,entre estos el número 89-2012, contentivo de la ley de depuraciónpolicial 44 . Entre las motivaciones para la destitución de43. Ibíd., párrs. 286-288.44. Entre otros aspectos contemplaba el uso del polígrafo, consideradocomo una violación a los derechos fundamentales.162