e-book_violencia_derechos_humanos_y_seguridad_ciudadana

empresas de ese país. La operación, de acuerdo a los reportesde prensa, contó con la asesoría de los Estados Unidos y enesta habrían participado unos 200 agentes de la Policía hondureña.Los analistas de seguridad que consultó la ComisiónMultinacional destacaron que, a pesar de la mala reputación dela institución policial, «entre 200 de ellos no se filtró la informaciónque alertase» a los criminales. Otros enfatizaron quelas fuerzas de seguridad del país aún tienen «reservas moralesy profesionales» a partir de las cuales se puede reconstituirlas instituciones.III. Evolución de las reformas10. Como lo habíamos señalado desde el segundo informe, hubo,notoriamente a partir de marzo pasado, un desplazamiento delsitio institucional para el manejo de la agenda de seguridad.Desde el poder Ejecutivo, donde permaneció hasta entonces, secorrió progresivamente hacia el Congreso, liderado por el entoncespresidente del poder Legislativo, el diputado del PartidoNacional y ahora candidato a la Presidencia de la República,Juan Orlando Hernández. La APJ continuó, igual que durantetodo este año, siendo el actor civil más dinámico en procurade la depuración de altas autoridades, en particular, ahora, delMinisterio Público.11. A mediados de abril, a instancias de la APJ, el fiscal generalLuis Rubí fue sometido, junto a otros funcionarios, por el CongresoNacional a unas audiencias de rendición de cuentas. Araíz de esas comparecencias el Congreso decidió intervenir elMP (Decreto Legislativo 50-2013) a través de una Junta Interventora,mientras el fiscal permanecía suspendido del cargo.El 10 de junio la APJ hizo un llamado público para que dichaJunta rindiera un informe sobre sus hallazgos en la institucióny urgió al juicio político contra el fiscal general y su adjunto,Roy Urtecho. A raíz de la presión ejercida, ambos funcionariosrenunciaron el 25 de junio, ocho meses antes del cumplimientode su mandato.232