DERECHOS DE LAS MUJERES y DISCURSO JURíDICO

se requieren. Garantizar el acceso a la justicia no sólo brindando patrociniojurídico gratuito sino también políticas sociales activas que sostengan alas mujeres durante el proceso judicial (tales como subsidios, preferenciaspara vivienda, capacitación laboral y servicios de cuidado para los hijos menores)es una condición necesaria de toda política pública de prevención yerradicación de la violencia familiar.Una política pública que se proponga llevar adelante acciones para erradicarla violencia contra las mujeres deberá también contemplar una estrategia comunicacionalque logre la condena social del agresor, condición indispensablepara contribuir a la eficacia de las acciones que se desarrollen. La observaciónde los estándares establecidos por las convenciones internacionales yla sanción de normas locales que faciliten la operatividad de tales principiosson fundamentales para brindar mecanismos efectivos contra la violencia.En términos más generales, diversos elementos pueden aportar a la construcciónde una agenda de trabajo que incluya estrategias para mejorar elacceso a la justicia de los grupos desaventajados, y en particular una preocupaciónpor conocer y promover los derechos de las mujeres. A grandes rasgos,esta agenda puede agruparse en torno de acciones vinculadas con lageneración de conocimiento sobre las necesidades particulares de usuariosy usuarias (actuales y potenciales) del servicio de justicia y acciones vinculadascon la estructura y las prácticas al interior del sistema de justicia.En primer lugar, sería recomendable impulsar, realizar y difundir investigacionesempíricas que busquen determinar el déficit de acceso a la justicia: enqué medida los conflictos de contenido jurídico que enfrentan las personaspueden ser y son efectivamente resueltos por aplicación de los mecanismosinstitucionales (administrativos, judiciales) disponibles y qué circunstancias(económicas, sociales, simbólicas) atentan contra la resolución de los conflictos.Luego, es preciso documentar desde una perspectiva integradora con quérecursos jurídicos cuentan las personas para los fines de asegurar su accesoa la justicia: qué instituciones trabajan, si lo hacen de un modo articulado, dequé recursos disponen (tanto materiales como humanos), cuál es el alcancede los recursos que implementan (atención puntual de ciertas problemáticaso atención integral de los problemas jurídicos que atraviesa la persona).La información es central: se requiere de datos, investigaciones y estudiosexploratorios sobre el grado de eficacia de las leyes vigentes y de losservicios que se prestan. El conocimiento es fundamental para permitir eldiseño de políticas públicas que, desde los distintos poderes del Estado,fomenten las acciones integradas de modo que articulen las respuestasfraccionadas que se dan desde diversas instituciones públicas.En segundo lugar, pueden planificarse diversas acciones tendientes a mejorarlos aspectos de infraestructura (ubicación, condiciones edilicias, espaciosde espera, horarios de atención) y las prácticas del poder judicial69