La banca de emisión en Cuba (1856-1898 - Consejo Superior de ...

por las pérdidas que había ocasionado la circulación fiduciaria. El Ejecutivo
sostenía que los artículos 5 y 6 del convenio de 31 de agosto de
1878 no permitían al Banco disponer libremente de las obligaciones, ya
que parte de las cantidades obtenidas al colocarlas debía servir para
recoger billetes emitidos por cuenta del Tesoro (véase más arriba, página
99).
José Cánovas del Castillo protestó. El gobernador del Banco, y representante
del Estado cerca del establecimiento, se oponía, en esta ocasión,
a la injerencia del Gobierno que le había designado, y asumía la defensa
de los intereses del emisor, cuyos accionistas pertenecían a la burguesía
hispanocubana con la cual él estaba emparentado. A su juicio, las exigencias
de la Real Orden suponían una novación del convenio de 1878. El
Banco, titular de las obligaciones, las había vendido en la plaza de La Habana
y el Gobierno no podía retrotraer los efectos de la Real Orden a una
operación anterior sin vulnerar derechos adquiridos (40). Lo cierto es que
habían transcurrido más de dos años desde la firma del contrato de 1878.
Desde entonces, el Banco había remitido puntualmente sus balances al
Ministerio de Ultramar, tal y como se le exigía. En ellos podía verse cómo
había realizado parte de sus obligaciones sin que hasta septiembre de
1880 la venta hubiese planteado inconveniente alguno. No sabemos con
seguridad por qué Sánchez Bustillo prohibía súbitamente la enajenación.
Parece que en agosto de 1880 el director general de Hacienda había pedido
al Banco un anticipo de cuatro millones de pesos en billetes, que el
Consejo rechazó. El Banco quería llegar a fin del ejercicio en una situación
financiera que le permitiera amortizar su emisión propia y situarse dentro
del límite de sus estatutos (41). Ciertamente, estaba haciendo esfuerzos
por ir reduciendo su cartera y retirando su emisión propia, como puede
observarse en el cuadro V.3. Esta negativa del Español habría desencadenado
la reacción de Sánchez Bustillo.
La Real Orden de 7 de febrero de 1881 se pronunció sobre la reclamación
formulada por el Banco, insistiendo en los términos de la anterior.
La respuesta del emisor no se hizo esperar: en el consejo celebrado el
(40) El Banco sostuvo que la venta de las obligaciones hasta quedar cubierto de las
sumas que se le adeudaban era la condición previa para el cumplimiento del resto del
articulado. Solo entonces, previo abono del Gobierno, estaba obligado a retirar de la circulación
los billetes, primero los inferio res a cinco pesos, y luego los restantes. El Banco no
había vendido aún las obligaciones, porque no se había impuesto para ello plazo alguno.
Incluso, en cierta ocasión, en marzo de 1879, se le había animado a que no pusiese en el
mercado los valores. Así pues, la falta de cumplimiento de los artículos 5 y 6 era ajena a la
voluntad del establecimiento, según manifestaba José Cánovas del Castillo al gobernador
general el 23 de septiembre de 1880. Una copia de la comunicación y del telegrama del 27
de marzo de 1879, en Memoria (1881), p. 39. Véase también AHN, Ultramar, leg. 838, núm.
17, doc. 10.
(41) Memoria (1881), p. 13.
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