La banca de emisión en Cuba (1856-1898 - Consejo Superior de ...

En el contexto de una intensa actividad reformadora [los liberales llevaron
a Cuba la Constitución, las leyes de imprenta y reunión y las llamadas
leyes de relaciones comerciales que favorecieron la importación de
productos españoles en las Antillas, entre otras (1)], el 7 de julio de 1882
las Cortes aprobaron dos leyes de trascendencia para el futuro del Banco
y sus relaciones con el Ejecutivo (2). Una de ellas autorizaba la realización
de una nueva conversión de la deuda cubana. Se convertirían en
deuda amortizable al 3% las cantidades adeudadas por material con anterioridad
a julio de 1878 y los bonos de 1873. Se canjearía por anualidades
la deuda representada por las obligaciones de 1878, el empréstito obtenido
por el general Valmaseda en La Habana en 1875, los billetes del Tesoro
de 1874, las cantidades embargadas a infidentes que se hubieran
mandado devolver, los descubiertos de los presupuestos desde 1878 hasta
el 31 de julio de 1882 y el anticipo que el Tesoro peninsular había tenido
que hacer al cubano por importe de tres millones en 1881. Se trataba,
por tanto, de completar la conversión y unificación iniciadas en virtud de la
Ley de 5 de junio de 1880 (3). La nueva deuda estaba garantizada por
la contribución directa, cuya recaudación se encomendaría al Banco Español,
encargado también del servicio de los nuevos valores.
En la segunda de las leyes de 7 de julio de 1882, León y Castillo se
ocupaba de la deuda representada por los billetes de la emisión de guerra,
y ponía las bases para resolver el problema de la circulación fiduciaria en
Cuba (4). Los billetes existentes seguirían circulando y continuarían ejerciendo
las funciones de numerario en tanto se retiraran de la circulación
(artículo 6). Su amortización se realizaría gradualmente, con el producto
de ciertas rentas que para ello se designaban (5). En caso de no llegar a
200.000 pesos nominales al mes, se completarían con remanentes de la
renta de loterías. El producto de estos arbitrios ingresaría directamente
en las cajas del Banco, o las de sus sucursales o representantes. Al ser
recibidos, los billetes serían marcados con un sello que los hiciese incirculables.
Se exceptuaban los fraccionarios, es decir, los de valor inferior
a un peso, que tendrían que ser reemplazados por numerario. La Ley
detallaba el procedimiento y fijaba una serie de mecanismos para garan-
(1) Serrano Sanz (1987), pp. 65-76.
(2) Sobre las reformas políticas y económicas de los libera les y la izquierda dinástica
a su paso por el poder, véase Roldán de Montaud (2001).
(3) Memoria (1883), pp. 23-25; DSC, 16 de junio de 1882, apéndice núm. 9, y Fernández
Acha (1976), pp. 52-54. Para el anticipo de la Península, DSC, núm. 5, 16 de febrero de
1888, apéndice 5.
(4) ACD, leg. 209, núm. 14, Informe de V. García Caneja sobre el proyecto de ley, 29
de mayo de 1882, y Memoria (1883), pp. 26 y 27.
(5) Los bienes del Estado que se enajenasen, los atrasos anteriores al 1 de julio de
1879 y alguna que otra renta que se recaudaría en billetes, admitidos al cambio fijado mensualmente
por el goberna dor a propuesta de la Dirección de Hacienda de la isla, de acuerdo
con el curso que hubiese tenido en La Habana en las tres semanas anteriores (artículo 3).
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