La banca de emisión en Cuba (1856-1898 - Consejo Superior de ...

vez encontraron una actitud mucho más receptiva en Madrid. Tras el
triunfo de la revolución progresista, en la metrópoli comenzaba la discusión
de los nuevos proyectos de legislación bancaria y de sociedades de
crédito, que se convertirían en ley en el mes de enero de 1856, un nuevo
entramado jurídico que nacía para facilitar la expansión del sector financiero
y ponía fin a la legislación restrictiva que se había aprobado como
resultado de la crisis de 1848 (40).
Estos cambios en el marco institucional coincidian con la existencia
de condiciones económicas más favorables en la isla. Ambas circunstancias
permitirían que se hiciese realidad el proyecto de aquel puñado de
capitalistas cubanos, todos ellos fuertemente vinculados al general
Gutiérrez de la Concha, que después de la revolución de 1854 fue confirmado
en el cargo de capitán general, para cuyo desempeño había sido
designado por los moderados. Entre 1854 y 1859, Concha realizó importantes
reformas encaminadas a racionalizar y centralizar la gestión administrativa
(41). El régimen local, el ejército, las obras públicas, la Hacienda...
No hubo aspecto que escapara a su afán reformador. Los recursos
de la Hacienda, orientada a proporcionar sobrantes para la metrópoli,
experimentaron un espectacular crecimiento durante los años de su gobierno,
pasando de 13 millones de pesos en 1850 a 26 en 1859 (42). En
buena medida, estos resultados fueron fruto de una gestión ordenada (a
él se debe, por ejemplo, la aplicación en 1855 de la Ley de Contabilidad
de Bravo Murillo) y del crecimiento de la actividad económica, ya que no
hubo cambios significativos en el sistema tributario.
En 1855, durante el gobierno de Espartero, en un ambiente peninsular
más abierto a este tipo de iniciativas, el Real Decreto de 6 de febrero
por fin definió las bases sobre las que debía constituirse un banco de
emisión y descuento, denominado Banco Español de La Habana, con
una duración de 25 años prorrogables (43). El Banco debía organizarse
en forma de sociedad anónima, mediante suscripción voluntaria de capital.
Tendría un capital de tres millones de pesos (15 millones de pesetas)
(44). Nada desdeñable, si se compara con el de los emisores de la
Península: un millón de pesos el de Barcelona; seis el de San Fernando,
tras el saneamiento realizado por Santillán en 1851, y cinco el de Isabel
II. El capital se dividiría en 6.000 acciones de 500 pesos, un valor
muy superior al que tenían las de los emisores peninsulares.
(40) Tortella Casares (1995), pp. 51-63, y Martín Aceña (1985), pp. 124 y 125.
(41) Sobre la gestión de Concha, véase Cayuela (1993).
(42) Merchán (1961), p. 145.
(43) El RD de 6 de febrero de 1855, en Rodríguez San Pedro (1868), vol. V, pp. 449-
451. Véase también Erenchun (1858), vol. B, pp. 865-869.
(44) En el preámbulo del decreto se mencionaba la dificultad de determinar el capital
necesario; por ello, si las suscripciones no cubrieran o excediesen la cantidad precisa, el
Gobierno podría autorizar su constitución con mayor o menor capital.
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