Tomo II - Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

826LA JUSTICIA ELECTORAL EN MÉXICO20 AÑOSLa legislatura estatal determinó cesar al coronel Cervantes del cargo y nombrara otro gobernador, situación que fue respaldada por el Congreso General (que en suoportunidad solicitó el apoyo del Ejecutivo Federal para que se cumpliera la determinacióndel Congreso local), lo que dio lugar para que el coronel Julio Cervantes presentaraun juicio de amparo, por conducto de Ignacio L. Vallarta, ante un juzgado dedistrito, instancia que resolvió en su favor; sin embargo, la legislatura estatal solicitóla revisión de la sentencia ante la Suprema Corte de Justicia, quien el 29 de julio de1869, falló en el sentido de negarle el amparo al quejoso, argumentando que nocontaba con atribuciones para juzgar un acuerdo del Congreso General, y porque elcoronel Cervantes no representaba al Estado, sino sólo al Poder Ejecutivo, además deque era improcedente la vía, porque el amparo sólo se concedía a los individuos en loparticular, por lo que no se podía hacer extensiva su procedencia a los estados.· Amparo de Adolfo MercheyerE juicio de amparo fue promovido por Adolfo Mercheyer, en contra de actos deun juez conciliador de Pachuca, Hidalgo, mediante el cual básicamente aducía queel juez carecía de nombramiento legal, y que por lo tanto se violaba en su perjuicioel artículo 16 de la Constitución Federal, referente a la competencia de la autoridad;la Suprema Corte de Justicia, mediante sentencia dictada el 2 de diciembre de1871, determinó negar el amparo al quejoso, argumentando de manera esencialque los estados eran los únicos que podían decidir sobre la legitimidad de lasautoridades en su régimen interior.· Amparo de Manuel MatuteEn el mismo tenor fue resuelto el juicio de amparo promovido por ManuelMatute, en contra del juez primero de lo civil del estado de Jalisco (al condenarlo aprisión con motivo de una quiebra fraudulenta), mediante el cual señaló como fundamentode su impugnación las garantías individuales previstas en los artículos 16y 19 de la Constitución; así como la falta de legitimidad del juez, al ser nombradopor el Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, y que carecía de legalidad, al noser designado mediante una elección popular. El juez de distrito determinó negar elamparo, para lo cual señaló, en esencia, que el propio quejoso, al promover el juiciode amparo, reconoció la autoridad del referido juez. A su vez, la Suprema Corte deJusticia determinó confirmar la resolución del juez de distrito.De los juicios de amparo antes mencionados se desprende que la SupremaCorte de Justicia determinó resolver conforme al criterio de que sólo los estados, en