Tomo II - Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

894LA JUSTICIA ELECTORAL EN MÉXICO20 AÑOSretrotraer los efectos de anulación de los actos de la autoridad declarada ilegítima,hasta el día de su elección, con lo cual se daría un efecto retroactivo a las leyes, ypor lo tanto se vulneraría también el artículo 14 de la Constitución Federal. Además,señalaba que la tesis de la incompetencia de origen era incongruente, ya que sebasaba en el hecho de que no había autoridad legítima; por lo tanto, al existir, nodebería proceder el juicio de amparo; de igual forma, sustentaba que la tesis de laincompetencia de origen no tenía precedentes en la legislación comparada. Ahorabien, con motivo de la sentencia dictada en el juicio de amparo promovido porSalvador Dondé, la tesis de la incompetencia de origen fue ignorada por los ministrosde la Suprema Corte de Justicia al prevalecer el nuevo criterio sustentado en lasideas de Vallarta, además de que en un momento dado las circunstancias políticasdurante el gobierno de Porfirio Díaz favorecieron su adopción al ser benéfica suinterpretación para el sistema político prevaleciente en ese entonces. Así, todos losjuicios de amparo promovidos con posterioridad (Amparo Jesús Valencia, AmparoGuadalupe Calvillo, entre otros) al amparo de Salvador Dondé, fueron resueltos en elsentido de declararlos improcedentes al aplicar las ideas de Ignacio L. Vallarta,relativas a señalar que la Suprema Corte de Justicia no podía conocer sobre losaspectos de legitimidad de las autoridades, al ser cuestiones de carácter político, yal no tener atribuciones expresas en la Constitución Federal para tal efecto.El 6 de agosto de 1881, la Suprema Corte de Justicia resolvió el juicio deamparo promovido por Salvador Dondé. Al efecto, en la parte considerativa del fallose indicaba que por lo que respecta al artículo 16, la violación básicamente consisteen que el tesorero del estado no era autoridad legítima, ya que su nombramientoprovenía de una autoridad que también era ilegítima; sin embargó, la Corte sustentóque la garantía prevista en dicho numeral se refería a la competencia y no a lalegitimidad de las autoridades. Además de que la competencia se debía controvertircuando se negaba la jurisdicción a las autoridades, en razón de las funcionesencomendadas por la ley, del lugar, de la cosa o de las personas que intervenían enel juicio; y la legitimidad cuando la negación de la jurisdicción se fundaba en lainhabilidad del funcionario, en los vicios de su origen o en cualquier infracciónverificada en su nombramiento.Se indicaba además que, como se cuestionaba la jurisdicción del tesorero enfunción de la ilegtimidad y no de la competencia, tal situación le impedía conocerdel juicio de amparo, debido a que sólo podía analizarlo en el caso de que sehubiera cuestionado al referido funcionario en lo referente a su competencia. Aunadoa lo anterior, se destacaba que si el nombramiento del tesorero implicaba unaviolación a un precepto constitucional no podía ocuparse de su examen, al no estar