Tomo II - Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

838LA JUSTICIA ELECTORAL EN MÉXICO20 AÑOSEscrito de Hilarión Frías Soto y Joaquín María Alcalde 15Antes de abordar lo referente a la sentencia dictada por la Suprema Corte deJusticia, es pertinente destacar que mediante escrito del 27 de marzo de 1874,dirigido por Hilarión Frías y Soto y Joaquín María Alcalde a la Corte, en su carácter derepresentantes de la Legislatura del estado de Morelos, plantearon, entre otros, lossiguientes razonamientos: los representantes de la legislatura estatal considerabanque los actos electorales de las autoridades y funcionarios de los estados eran de lacompetencia exclusiva de éstos, al ser libres, soberanos e independientes en surégimen interior, y porque la propia Constitución establecía que las facultades queno se encontraban concedidas expresamente a los funcionarios federales se entendíanestaban reservadas a los estados, además de que en ningún artículo se encontrabaprevista la posibilidad de que se les otorgaran atribuciones a los funcionariosfederales para intervenir, declarar, confirmar o anular las elecciones de las autoridadesestatales.En su concepto, únicamente a la Legislatura del estado de Morelos le correspondíaresolver sobre la validez o nulidad de la elección del diputado Llamas, y porlo tanto al declarar que ésta era válida debía tenerse por legitimado definitivamentesu nombramiento, pese a que se hubieran infringido disposiciones de la Constitucióny de la Ley Electoral, en virtud de que ésa era la determinación adoptada porla Legislatura local en su carácter de colegio electoral. Por lo tanto, los actos de lasoberanía popular no eran susceptibles de revisión fuera de las juntas o colegioselectorales encargados de formular las declaraciones respectivas; por tales motivos,una vez que los colegios Electorales declaraban válida una elección, ésta adquiríalegitimidad y definitividad, al ser los únicos órganos competentes para talesefectos.En tal virtud, al determinar el Congreso local que era válida la elección delDiputado Llamas, entonces era legítima su designación y al formar parte del quórumrequerido, era válida la Ley de Hacienda; por lo tanto, al juez de distrito no le correspondíaexaminar y decidir sobre la legalidad de la designación de las autoridades,ya que con su intervención se infringía el artículo 40 de la Constitución Federal.En cuanto a las reformas a la Constitución del estado, que permitieron la reeleccióndel gobernador Leyva, adujeron que en el primer Congreso se propusieron15 El escrito de los representantes de la Legislatura del estado de Morelos puede consultarseen González Oropeza y Acevedo Velásquez, op. cit., pp. 138 a 156.