Tomo II - Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

ANEXO II-B895comprendida la misma dentro de los supuestos expresamente previstos en la ConstituciónFederal para la procedencia del juicio de amparo, por lo que llegaba a laconclusión de que el amparo era improcedente.La sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia en el Amparo Dondérepresenta el fin del criterio adoptado mediante la tesis de la incompetencia deorigen, al considerarse que no estaba dentro de las facultades de la Corte pronunciarsesobre las cuestiones de legitimidad, señalando, por el contrario, de maneramuy precisa, que sólo podía ocuparse de los aspectos inherentes a la competencia.En realidad, el cambio de criterio obedeció a múltiples circunstancias, entre lascuales destacan las de carácter político, ya que prácticamente la Suprema de Cortede Justicia al momento de emitirse dicha resolución había experimentado una renovaciónen sus integrantes, en sus ideas y en sus criterios.González Oropeza indica en relación con la tesis de la incompetencia de origen,que Ignacio L. Vallarta “… se encargó de destruir sus efectos hacia 1882,cuando calificó a la sentencia como subversiva y contraria a la Constitución”. AunqueVallarta ganó esta batalla, debido a que su legado se recogió en la tesis dejurisprudencia número 163 (Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, p. 272), las ideas que inspiran el Amparo Morelos han triunfado definitivamentea partir de la reforma constitucional de 1996, al instaurar al Tribunal Electoraldentro del Poder Judicial Federal.La tesis de jurisprudencia aludida manifiesta lo siguiente:La Corte ha sostenido el criterio de que la autoridad judicial no debeintervenir para resolver cuestiones políticas que incumben, constitucionalmente,a otros poderes; en el amparo no debe juzgarse sobre la legalidadde la autoridad, sino simplemente sobre su competencia; pues sise declara que una autoridad señalada como responsable, propiamenteno era autoridad, el amparo resultaría notoriamente improcedente. Sostenerque el artículo 16 de la Constitución prejuzga la cuestión de legitimidadde las autoridades, llevaría a atacar la soberanía de los estados, sinfundamento constitucional y por medio de decisiones de un poder que,como el Judicial, carece de facultades para ello, convirtiéndose en árbitrode la existencia de poderes que deben ser independientes de él.“ 5151 González Oropeza, op. cit., pp. 223 y 224.