Tomo II - Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

ANEXO II-B879Es importante destacar que José María del Castillo Velasco dirige sus razonamientosa controvertir medularmente la posibilidad de que la Suprema Corte deJusticia interviniera en el examen de los actos electorales inherentes a la designaciónde autoridades ilegítimas. Al efecto, de conformidad con las ideas sustentadaspor José María Iglesias en su opúsculo, José María del Castillo Velasco demanera fundamental se encamina a controvertir que la Suprema Corte de Justiciano tiene facultades para examinar los actos electorales de las entidades federativasal ser una potestad exclusiva de sus respectivos colegios electorales, y sin quedicha atribución se encuentre prevista de manera expresa en la Constitución Federal.Además, precisaba que el amparo resultaba procedente en el caso de que sealegara la violación de las garantías individuales, mientras que en el caso de laafectación de los derechos políticos de los ciudadanos, resultaba notoriamenteimprocedente.A diferencia de José María Iglesias, quien se caracterizaba porque prevalecieraen todo momento la supremacía constitucional y la legalidad, José María delCastillo Velasco reconocía que era frecuente la existencia de irregularidades en losprocesos electorales de las entidades federativas, pero que no se podía hacer nada,debido a que el juicio de amparo era improcedente; por lo tanto, tales inconsistencias,pese a su gravedad, por sí mismas se convalidaban.Resulta interesante apuntar que José María del Castillo Velasco sustentabaque resultaba contradictorio el argumento referente a considerar que la resolucióndictada implicaba la producción de efectos de carácter general al decretarse queuna autoridad era ilegítima, lo que daba lugar a la nulidad de la elección del funcionariocorrespondiente, debido a que él mismo reconoce de manera expresa que eljuicio de amparo, de conformidad con el principio de relatividad, sólo produce efectosa los promoventes del mismo.Los argumentos esgrimidos por Montiel y Duarte mediante los cuales desarrollatodo un análisis histórico de la soberanía en las entidades federativas son de unasignificativa trascendencia, al señalar de manera contundente que desde el surgimientode los estados, en 1824, se les confirió libertad y soberanía en todo lo inherentea su régimen interior, pero las mismas tenían limitaciones, es decir, no setrataba de una soberanía absoluta o total. Al efecto, destaca una serie de ejemplosen los cuales se dio intervención al Congreso General para dar solución a problemasde diversa índole suscitados en Durango, Veracruz, Jalisco y el estado de México,con lo que se acreditaba la necesidad de las entidades federativas de someterse auna instancia superior para dar solución a sus problemas.