Tomo II - Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

896LA JUSTICIA ELECTORAL EN MÉXICO20 AÑOSAl respecto, el propio González Oropeza destaca que…esta tesis firme se basa en precedentes de la Quinta época de la jurisprudenciaque recogen las ideas que fueron desechadas en la resolucióndel Amparo Morelos. La mayoría de las ejecutorias que sirven de base ala jurisprudencia se refieren a que corresponde a Poder Judicial Federalexclusivamente la revisión del acto impugnado, sin revisar la legitimidadde las autoridades que lo emiten, la cual se da por supuesta, por lo quesólo se revisa la constitucionalidad del acto impugnado; es decir, la competenciaobjetiva. De las cinco ejecutorias, sólo una, la correspondiente alamparo en revisión de María Guadalupe Villicaña, emitida el 6 de febrerode 1929 (Semanario Judicial de la Federación. 5ª época T. XXV., pp. 135-136) agrega que la Suprema Corte no puede injerirse en el régimen interiorde los estados revisando la legitimidad de sus autoridades, idea que fuesostenida por los impugnadores de la resolución en el Amparo Morelos. 52En opinión de Ignacio Burgoa Orihuela, la garantía de la competencia autoritariaa que se refiere el artículo 16 constitucional concierne al conjunto de facultadescon que la propia ley suprema inviste a determinado órgano del Estado, de talsuerte que si el acto de molestia emana de una autoridad que al dictarlo o ejecutarlose excede de la órbita integrada por tales facultades, viola la expresada garantía,así como en el caso de que, sin estar habilitada constitucionalmente para ello,causa una perturbación al gobernado en cualesquiera bienes jurídicos señalados endicho precepto. La garantía de competencia constitucional excluye, pues, la legitimidado competencia de origen de las autoridades, haciendo improcedente elamparo que contra actos realizados por órganos o funcionarios ilegalmente integrados,nombrados o electos, se pretenda promover (amparo político en cierto aspecto).Ahora bien, por cuanto a la llamada competencia ordinaria, y especialmente a lajurisdiccional, que se revela como el conjunto de facultades con que la ley secundariainviste a una determinada autoridad, no puede reputarse como garantía de seguridadjurídica en los términos del artículo 16 de la Constitución. Sin embargo, talcircunstancia no elimina totalmente la posibilidad de que por actos contraventoresde las normas concernientes a la competencia común de los jueces (y, por exten-52 Ibidem.