Tomo II - Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

834LA JUSTICIA ELECTORAL EN MÉXICO20 AÑOSinconstitucionalidad, ya que en su concepto se vulneraba la garantía prevista en elartículo 16 de la Constitución Federal de 1857, por lo que sustentaban la procedenciadel juicio de garantías en los siguientes tópicos:1. Que el general Francisco Leyva fue reelecto gobernador, con lo cual se infringíauna prohibición expresa de la Constitución local, la cual no fue reformada en lostérminos que la misma señalaba;2. Que en caso de que se considerara debidamente reformada la Constitucióndel Estado de Morelos, debía considerarse nula la reelección del gobernador Leyva,al no reunir el requisito correspondiente a los dos tercios de votos exigidos en lamencionada reforma; sin embargo, a pesar de tal situación la Legislatura determinóexcluir la publicación de los resultados de la votación y declarar gobernador al generalLeyva, y3. Que el C. Vicente Llamas fue designado diputado a la Legislatura del Estado,al mismo tiempo que se desempeñaba como jefe político del distrito de Jonacatepec(del cual resulto electo, a pesar de que existía prohibición expresa en la Constitucióndel Estado), y con él se integró el quórum respectivo de los diputados que aprobaronla referida Ley de Hacienda. En su demanda, los quejosos argumentaron que posteriormentea la reelección del gobernador Leyva, la Legislatura del estado emitió la Leyde Hacienda, por lo que ese órgano legislativo presentaba inconsistencias en suintegración para cubrir con el requisito atinente al quórum, ya que se conformaba pordiez diputados; sin embargo, como se reprobó la designación de tres de ellos, sóloquedaron siete, pero como uno solicitó licencia, el número se redujo a seis, y de estetotal se impugnó la nulidad de la elección del C. Vicente Llamas, debido a que,aducían, se había infringido la disposición prevista en la Constitución local, referentea la prohibición de que fueran electos diputados los jefes políticos de los distritos delestado. Por lo tanto, consideraban que con motivo de la expedición de la Ley deHacienda se violaba la garantía prevista en el artículo 16 de la Constitución Federalde 1857, al ser emitida por una autoridad incompetente e ilegítima.Los quejosos señalaron además que se vulneraba la garantía concedida a lapropiedad, al gravarse ésta con impuestos mediante la Ley de Hacienda, sin que sele pudiera considerar ley, al no reunir el quórum respectivo, por lo que en su conceptose infringían tanto el artículo 43 como el 64 de la Constitución local.Además, los promoventes manifestaron que para que la ley fuera obedecidaera necesaria la promulgación correspondiente por parte del gobernador del estado,situación que no ocurría en la especie, debido a que Leyva no podía tener elcarácter de gobernador legítimo, al ser reelecto sin reunir los dos tercios de votos