Tomo II - Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

ANEXO II-B847carecía de la respectiva legitimidad, ya que el artículo 16 de la Constitución Federalal tratar lo relativo a la competencia de las autoridades, de manera implícita abordabalo atinente a la legitimidad. No podía ser autoridad competente la que carecierade legitimidad, por lo que de conformidad con los artículos 16 y 101 de la ConstituciónFederal, el juicio de amparo era procedente en contra de las leyes o actos delas autoridades que no fueran competentes por falta de legitimidad.El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia llegaba a la conclusiónde que el amparo procedía contra los actos de la autoridad incompetente, y enconsecuencia, contra los actos de las autoridades a quienes su ilegitimidad quitabatoda competencia. Ahora bien, el tribunal supremo consideraba que el sentido jurídicodel artículo 16 constitucional radicaba en que por autoridad competente debíaentenderse aquella que era también legítima, pues la legitimidad era requisito previoa la competencia. En su opinión, el juicio de amparo procedía y era el único queexistía para que las falsas autoridades, las ilegítimas, cesaran en el ejercicio de lasfunciones que no les correspondían.José María Iglesias señalaba que debido a la contradicción de los criteriossustentados en diversas ejecutorias, consistentes en que en un primer momento seconsideró que la Suprema Corte de Justicia no debía inmiscuirse en las cuestionesreferentes a la legitimidad de las autoridades con motivo de los juicios de amparo,y con posterioridad, que sí era factible su análisis; tal situación se vio reflejada almomento de la discusión del Amparo Morelos, finalmente se llegó a la convicciónde que la Suprema Corte de Justicia podía analizar la legitimidad de las autoridadesde los estados cuando éstas funcionaran en franca infracción de las disposicionesconstitucionales. Ahora bien, Iglesias consideraba que la Suprema Corte de Justiciajamás debía incurrir en el absurdo de creer que estaba en su caprichoso arbitrioconsiderar y declarar la ilegitimidad de las autoridades de los estados. En su opinión,la doctrina de la Suprema Corte de Justicia se reducía a consignar el principio relativoa que tenía como atribución el desconocer la legitimidad de una autoridad estatalcuando funcionaba sin ser designada mediante el voto popular al no existir elecciones,o cuando en los comicios se infringía la Constitución Federal, o bien, porque nose procedía en los términos establecidos por las constituciones particulares de losestados en materia electoral. El ministro Iglesias señalaba, además, que las autoridadesque hubieran sido nombradas por el voto popular en las elecciones celebradas alefecto, sin infracción alguna de la Constitución particular del estado ni de la federal,podían estar seguras de que la Suprema Corte de Justicia no tenía por qué declararlasilegítimas; por el contrario, las que debían estar alarmadas eran áquellas que