Tomo II - Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

ANEXO II-B827uso de su soberanía, podían determinar lo referente a la competencia y legitimidadde las autoridades en su ámbito de atribuciones, de conformidad con sus propiasdisposiciones legales, excluyendo de tal análisis a la justicia federal.Criterio posterior de la Suprema Corte de Justicia de la NaciónAhora bien, resulta pertinente señalar que entre 1872 y 1873, al conocer laSuprema Corte de Justicia, de los juicios de amparo promovidos por HermenegildoFeliu; Juan N. Rubio, y Mariano Llamas Puente en contra de autoridades del Estadode Querétaro, y por Pablo Solís; Vicente Fernández; Facunda Romero; EvaristoEsquivel; Clotilde Baqueiro y Ramón Bolio Gamboa, en contra de autoridades delEstado de Yucatán; 7 el máximo tribunal del país se vio ante la posibilidad de sustentarun nuevo criterio consistente en otorgarle facultades a la justicia federal paraconocer y decidir en determinados casos sobre la legitimidad de las autoridadesestatales, en aras de la protección de las garantías individuales de los respectivosquejosos. Ahora bien, a continuación se analizarán con detalle los juicios de garantíasprecursores de la sentencia dictada en el Amparo Morelos, los cuales son deltenor siguiente:7 Debido a la situación política prevaleciente en Yucatán, varios gobernados se vieron afectadosen su esfera jurídica con motivo de la actuación de diversas autoridades que propiamenteactuaban de hecho en la entidad, por lo que se vieron ante la necesidad de acudir al juiciode amparo para obtener la protección de la justicia federal. Al efecto, Manuel GonzálezOropeza, destaca que: la situación de Yucatán fue particularmente problemática en esaépoca. Mediante elecciones celebradas el 7 de noviembre de 1869, las autoridades de eseEstado fueron renovadas, pero inmediatamente después de haber realizado las eleccionesse reformaron las leyes yucatecas para ampliar los periodos constitucionales de dos acuatro años, precisamente beneficiando a aquellas autoridades que el electorado habíavotado sólo para servir dos años en sus cargos. Entre dichas autoridades se encontrabanlos jueces del Estado que también fueron electos en la fecha mencionada. Tensionespolíticas entre los poderes del Estado agravaron la situación y provocaron el 13 de marzo de1872 un levantamiento armado en la ciudad de Valladolid, Yucatán contra las autoridadesque fenecido su periodo de dos años original, continuaron ejerciendo el cargo, parece quede manera arbitraria, por otros dos años, según la reforma emprendida después de laelección. Debido a lo anterior las autoridades locales dictaron “estado de sitio”, que es elnombre con el que actualmente se conoce la suspensión de garantías, el 4 de abril de1872…”, en González Oropeza, Manuel, “El Amparo Morelos”. Un estudio preliminar, enGonzález Oropeza, Manuel y Acevedo Velásquez, Eleael (coordinadores), El Amparo Morelos,México, XLVIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Morelos-Editorial Laguna, 2002,pp. 224 y 225.