Tomo II - Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

ANEXO II-B869era el más completo trastorno en el Estado: un caos verdadero, y tal vez hasta laperturbación del orden público. Si de conformidad con las disposiciones constitucionalesno era de admitirse ni facultad ni jurisdicción que no estuvieran expresamenteconcedidas, mucho menos podía tenerse como legítima la procedente deuna práctica, de actos como los ejercidos en los juicios de amparo y que conformea su ley reglamentaria no podían ni suscitarse como ejecutoria; pero mucho menosse podía admitir que los tribunales de la Federación mexicana ejercieran determinadajurisdicción sólo porque la misma era llevada a la práctica por los tribunales dela Federación norteamericana, debido a que la citada práctica no se encontrabaprevista en la Constitución Federal.Derechos del hombreEn cuanto a los derechos del hombre, Emilio Velasco precisaba que de acuerdocon el artículo 101 de la Constitución Federal, se establecía que el juicio de amparoprocedía para proteger las garantías individuales, y que bajo esta denominación noúnicamente se debían comprender los derechos del hombre previstos, como estabaconsignado en la sección primera, Título Primero, de la Constitución Federal.Emilio Velasco consideraba que el punto de partida en el Amparo Morelos eraque Francisco Leyva no tenía el carácter de gobernador constitucional; por lo tanto,no era competente, lo cual era el punto principal del amparo, y como el derecho deser gobernado por autoridades constitucionales era de carácter político, la sentenciaresolvió, en consecuencia, una cuestión política. Los impugnadores de la sentenciaincurrieron en un error, al considerar que los derechos políticos eranindependientes a las garantías individuales, ya que bajo el nombre de garantíasindividuales se deberían entender no sólo los derechos del hombre, sino todos losderechos que la misma Constitución aseguraba.Por su parte, José S. Arteaga, expresaba que tanto los derechos del hombrecomo los del ciudadano se encontraban garantizados en la carta federal, al precisarque en el Amparo Morelos lo que se trataba en dicho juicio eran los derechos delhombre y no los políticos.A su vez, Vicente Riva Palacio, sustentaba que si por disposiciones del régimeninterior de un estado se vulneraban los derechos del hombre o de la Unión, elhabitante del estado estaba facultado para solicitar la intervención de la justiciafederal; por lo tanto, establecía como regla general que la soberanía del estado nopodía chocar nunca con las garantías individuales. Ahora bien, el derecho que el