Tomo II - Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

ANEXO II-B8897. Que el presidente del Tribunal Superior del estado rehusó reconocer laLegislatura y al gobernador, al considerarlos usurpadores del poderpúblico.8. Que el gobernador comunicó a la Legislatura el desconocimiento de lospoderes precisados con anterioridad, por parte del presidente del TribunalSuperior de Justicia del Estado de Puebla.9. Que el oficio del gobernador se turnó a la sección del gran jurado, quienformó el expediente respectivo y presentó el dictamen, mediante el cualse determinó decretar la formación de causa a León Guzmán.Por lo que respecta al derecho, encontramos los siguientes razonamientos:1. Que la Constitución Federal garantizaba a todos los estados su gobiernoconstitucional. Al efecto, se citaba el artículo 41 de la ley fundamental,al señalar que el pueblo ejercía su soberanía por medio de los poderesde la Unión en los casos de su competencia, y por los de los estadospor lo que toca a su régimen interior, en los términos previstos por laConstitución Federal y por las particulares de los estados, las que nopodían ir en contra de las estipulaciones del pacto federal.2. Que los diputados de la Legislatura del estado de Puebla debían durardos años en el cargo, para lo cual se invocaba el artículo 24 de la Constituciónlocal.3. Que de los preceptos citados con anterioridad se desprendía que lajunta de ocho diputados propietarios, no podía llamar a los suplentes desiete diputados propietarios que de manera legítima se ausentaron delsalón de sesiones, porque los propietarios duraban dos años en el cargo,plazo que concluía el 14 de abril de 1879.4. Que el artículo 109 de la Constitución Federal establecía para los estadosla obligación de adoptar para su régimen interno, la forma de gobiernorepublicano, representativo y popular.5. Que la naturaleza del sistema representativo consistía en el imperio delas mayorías.6. Que ocho diputados no representaban la mayoría de diecinueve, y porconsecuencia no podían ejercer las facultades previstas en el numeral36 de la Constitución local, entre los cuales se encontraba la declaraciónde formación de causa en contra de un funcionario estatal.