Tomo II - Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

ANEXO II-B893departamentos de gobierno; y en la segunda, atinente a que el amparo de SalvadorDondé, sometido al conocimiento de la Suprema Corte de Justicia, tenía el citadocarácter al invocarse la legitimidad de los poderes de Campeche.Por otra parte, señalaba que tanto las leyes de Francia como las de EstadosUnidos reprobaban la teoría de la incompetencia de origen, así como que el poderde casación que detentaban las monarquías no las autorizaba para desconocergobiernos y para juzgar las cuestiones políticas. El ministro presidente de la SupremaCorte de Justicia se pronunció también en contra de la intervención de los poderesde la Unión en las cuestiones de legitimidad de las autoridades locales, tantopor parte del Senado como de la supuesta atribución de la propia Suprema Corte deJusticia relativa al desconocimiento de autoridades, al considerar que tal situaciónimplicaba negar la soberanía de los estados y considerarlos incapaces de corregirsus propios errores al otorgarle potestades al gobierno central para intervenir en lasolución de los mismos.Vallarta negaba la existencia de una Federación central, mediante la cual la SupremaCorte de Justicia usurpara a los estados la facultad de calificar la legitimidadde sus poderes, ya que la Suprema Corte no se encontraba prevista en una ley, y encaso de que ella misma se la concediera, como ocurría en el caso del Senado, la leyemitida desquiciaría por completo a las instituciones. Al efecto, consideraba que asícomo el Poder Judicial Federal debería bastarse a sí mismo en los aspectos referentesa la legitimidad de sus funcionarios, así la soberanía local debería estar libre detoda injerencia en esos aspectos. Afirmaba Vallarta que las cuestiones políticas nopodían revestir la forma de una controversia judicial, ya que dichos aspectos influíanen las relaciones políticas de los poderes públicos, en la organización del gobierno, ypor lo tanto, las leyes no deberían afectar los derechos reales o personales.En su opinión, la tesis de la incompetencia de origen era un atentado contra lasoberanía de los estados, debido a que la Suprema Corte de Justicia no podía tenermás facultades que las expresamente previstas en la Constitución Federal, y éstaúltima, en su artículo 117, no señalaba que la Suprema Corte de Justicia tuvierafacultades para revisar los títulos de legitimidad de las autoridades locales; enconsecuencia, al no estar confiado el análisis de la legitimidad a ninguno de losórganos federales, correspondía realizar ese estudio a los estados, pero en cambiola Federación sí estaba facultada para revisar la competencia, con fundamento en elartículo 16 de la propia Constitución Federal.Para Vallarta, si se le reconocía a los tribunales la facultad de declarar la ilegitimidadde los poderes estatales, tal atribución traería como consecuencia la de