Tomo II - Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

864LA JUSTICIA ELECTORAL EN MÉXICO20 AÑOStambién lo previsto en los artículo 41 y 109 de la Constitución Federal. Ahora bien,dentro del ámbito de atribuciones de la Suprema Corte de Justicia se encontraba lade conceder el amparo en contra de las leyes o actos que violaran las garantíasindividuales por falta de legitimidad, es decir, de competencia en las autoridadesque vulneraran los preceptos constitucionales, por lo que era procedente el amparocontra la falta de legitimidad de Llamas, como diputado electo al infringir con sudesignación lo previsto en ambas Constituciones, la local y la federal.Por lo que respecta a la cuestión referente a Leyva, el ministro Iglesias considerabaque si la Suprema Corte de Justicia había demostrado en su oportunidad quela Constitución del Estado de Morelos no fue reformada de manera válida, entoncesquedaba en vigor el artículo 66 de la referida Constitución, la cual prohibía la reeleccióndel gobernador. Por lo tanto, la citada reelección fue efectuada en contra de laprevención expresa de un precepto constitucional, por lo que, en consecuencia, aligual que en el caso del diputado Llamas, lo procedente era amparar a los quejosos,al infringirse tanto el artículo 66 de la Constitución local como los numerales 41y 109 de la Constitución federal.Por otra parte, el ministro José S. Arteaga, con relación a la inconsistencia quese aducía en el sentido de que la Suprema Corte de Justicia falló en forma diversala ilegitimidad del gobernador Leyva y la del diputado Llamas, para efectos deprecisar la diferencia, señalaba que el artículo 41 de la Constitución Federal, invocadocomo fundamento por la Suprema Corte de Justicia, establecía que la soberaníala ejercía el pueblo por medio de los poderes federales y los de los estados, en loscasos de su competencia, constituidos conforme a la prescripción del pacto generaly la de sus Constituciones particulares.Ahora bien, José S. Arteaga sustentaba que la Suprema Corte de Justicia, alrazonar que la Legislatura de Morelos, estaba legítimamente constituida, no teníapor qué analizar esta cuestión, con independencia de que se adujera la ilegalidaden la designación de uno de sus integrantes, por lo cual no le quedaba a la SupremaCorte de Justicia otra opción más que aceptar esa determinación. En suma, lo quesegún el artículo 41 de la Constitución de la República tenía que examinar la Corte,era la legitimidad de los poderes y de las autoridades de los estados, y no una partede la autoridad o poder.El ministro José S. Arteaga consideraba que no se planteó razonamiento algunoen contra de la Legislatura del estado de Morelos que sustentara su ilegitimidad, porlo que la Suprema Corte de Justicia respetó su carácter soberano. Afirmaba, en cambio,que el caso del gobernador Leyva era distinto, debido a que éste representaba al