Tomo II - Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

ANEXO II-B881tó el 14 de abril de 1874 ante el Congreso de la Unión un proyecto de ley referente alimitar las atribuciones de la Corte para conocer de la legitimidad de las autoridadescalificadas por los colegios electorales, tanto en el orden federal como en el ámbitoestatal; es oportuno señalar que en un primer momento no prosperó, sin embargo,el 19 de mayo de 1875, el Congreso de la Unión aprobó la iniciativa de mérito, y noobstante lo anterior, la Suprema Corte de Justicia concedió los amparos solicitadoscon base en la tesis de la incompetencia de origen. Para efectos de sortear la disposiciónlegal, la Corte argumentó que una disposición secundaria no podía afectarlas facultades constitucionales de las que gozaba el máximo tribunal. Tal ley lo querealmente hizo fue reafirmar la tesis referente a que la Suprema Corte de Justicia erael último intérprete de Constitución, y en consecuencia, tenía facultades para dictarresoluciones favorables en caso de que se planteara que el nombramiento de lasautoridades no se efectuaba de conformidad con la Constitución Federal.Por otra parte, es oportuno precisar lo que señala Ojesto Martínez Porcayo 43en el sentido de que…en noviembre de 1874, se presentó un amparo al que se denominó“Amparo Puebla”, en el que se impugnó una providencia ejecutiva dictadapor el Tesorero del Estado, considerando que carecía de título legal, enrazón de que su nombramiento no se hizo en la forma prevenida por laConstitución, ya que no se dio por autoridad legítima, puesto que el gobernadordel Estado, había sido reelecto en contravención a lo prevenidoen la Constitución Estatal. Efectivamente el gobernador Ignacio Romeroobtuvo su reelección con base en esa reforma ilegal a la Constitución,que violentaba lo estipulado en el artículo 118. El Juez de Distrito concedióel amparo y la resolución fue confirmada por la Corte, la parte sustancialde la resolución se refería a consignar de nuevo que no basta la43 El 4 de noviembre de 1874, Juan Francisco Arrioja promovió un amparo al que se ledenominó “Amparo Puebla” en contra de la providencia dictada por el tesorero del Estado,mediante la cual se le exigió el pago de derechos por introducir cacao. Al respecto, invocabacomo argumentos la violación de la garantía prevista en el artículo 16 de la Constituciónfederal, al considerar que dicha autoridad era incompetente, debido a que dicho funcionario,en su concepto, era ilegítimo, al provenir su nombramiento a su vez de otra autoridadilegítima. El gobernador del estado, el cual había sido reelecto en contravención de lospropios preceptos constitucionales locales. En su oportunidad, el juez de distrito concedió elamparo, y lo mismo hizo la Suprema Corte de Justicia al confirmar en revisión dicho fallo.