Tomo II - Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

ANEXO II-B855cia de Iglesias, dicha cuestión es de exclusiva responsabilidad del Estado,el sostenerla, reformarla o derogarla, sin que los tribunales de la Federacióntengan que ver son su aplicación o cumplimiento. 35Procedencia del juicio de amparoPor otra parte, José María Iglesias sustentó ideas relativas a que los derechosdel hombre, base y objeto de las instituciones sociales, debían preferirse a todoslos medios empleados para lograr tal objeto; además de considerar que el amparotambién procedía contra todas las leyes y contra todos los actos de cualquier autoridadque violaran las garantías individuales, por lo que los derechos del hombreeran también superiores a las leyes o actos electorales, y contra unos y otros procedíael recurso de amparo.Emilio Velasco, en cuanto al juicio de amparo, destacaba que la Constituciónestablecía que los derechos tutelados por ella podían se objeto de vulneración porparte de las autoridades, por lo que para impedir tal situación, se implementó eljuicio de amparo para que la Federación, a través del Poder Judicial, se encargarade salvaguardar y proteger los derechos de los gobernados; por lo tanto, la SupremaCorte de Justicia, al pronunciar su sentencia en el “Amparo Morelos” no hizomás que cumplir con su misión, de hacer efectiva la protección del pueblo delestado de Morelos, contra la usurpación.De igual forma, Emilio Velasco establecía al amparo como un juicio de formaespecial, para proteger a los derechos individuales cuando resultaban agraviadospor la violación de un artículo constitucional. Si se vulneraba alguno de los quedeclaraban los derechos del hombre, si se atacaban los derechos políticos de losmexicanos, si se violaba algún artículo que fuera norma constitucional de alguno deesos derechos, existían todos los elementos para promover un juicio de amparo:como un derecho violado, un individuo agraviado y la necesidad de protegerlo; porúltimo, la exigencia de que la Constitución fuera no sólo teórica, sino de manerapráctica, una ley suprema, por lo que si se vulneraba un derecho político, tal situaciónno implicaba que se le dejara de proteger mediante el juicio de amparo.Por su parte, José S. Arteaga, aducía que no era factible sostener la mismaposición para el caso del gobernador Leyva como la adoptada con el diputado35 Ibidem, p. 231.