Tomo II - Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

ANEXO II-B845El mismo autor resalta el hecho de que…sobre todo en la época en que José María Iglesias fue presidente de laSuprema Corte de Justicia de la Nación, en ésta imperó la corriente de que,para determinar sobre la competencia de la autoridad que había emitido elacto reclamado en el juicio de amparo, debía estudiarse también lo inherentea su legitimidad. El criterio que se orientó por esta posición fue conocidotanto en el ámbito académico como en el foro, como doctrina de la“incompetencia de origen. La aplicación de dicha doctrina implicaba queen el juicio de amparo se tratarán temas político-electorales, puesto quepara decidir, por ejemplo, sobre la constitucionalidad de una ley estatalque previera el pago de un impuesto, se examinaba la legitimidad delcongreso y la del gobernador correspondiente. En ocasiones se llegó aconsiderar la ilegitimidad de alguno de los poderes estatales, cuyos titularesocupaban el cargo por haber triunfado en alguna elección. 24DebatesSin lugar a dudas, la tesis de la incompetencia de origen 25 fue severamentecriticada por los más connotados juristas de la época, entre otros por Vicente RivaPalacio, Basilio Gómez Gallardo y José María del Castillo Velasco; no obstante loanterior, también es importante mencionar que en defensa del ministro Iglesias,notables y distinguidos abogados de ese entonces, como Emilio Velasco y José S.24 Ídem.25 Es importante destacar que la sentencia dictada en el Amparo Morelos generó innumerablesdebates; también es cierto que la misma fue eludida en cuanto a su cumplimiento al realizarlas autoridades del estado de Morelos una serie de actos con tal finalidad, como: impedir sunotificación, condenar a prisión a los titulares del juzgado de distrito en el estado, cambiaral encargado del Poder Ejecutivo estatal y efectuar reformas acordes a sus necesidades eintereses. Al efecto, José Ramón Narváez Hernández, señala: como dato complementario,debemos mencionar que la ejecutoria de la Suprema Corte no fue notificada. El gobiernode Leyva acusó al Juez de Distrito de un robo ridículo y lo mandó apresar, poniendo en sulugar a un suplente, el cual, por obvias razones, se guardó de notificar la ejecutoria. LaSuprema Corte, a su vez, contraatacó destituyendo al suplente y restituyendo en suencargo al propietario. Al final se buscó el modo en que la sentencia no llegara a su destino,pero la voz de algunos juristas no se dejó esperar y en poco tiempo fue conocida por todala comunidad, en Narváez Hernández, op. cit. p. XXIII.