Tomo II - Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

ANEXO II-B839las reformas, las cuales fueron votadas y aprobadas por el segundo Congreso pormayoría, y por lo tanto, afirmaba que se había cumplido con el requisito previsto enel artículo 149 de la Constitución local. Ahora bien, para efectos de controvertir elargumento de que el gobernador Leyva no obtuvo la votación consistente en obtenerlas dos terceras partes de los electores del estado, exhibieron el original del actadonde se acreditó que Leyva obtuvo 203 votos, y el otro candidato 18 sufragios, porlo que excedió la cantidad de 190 votos exigido por la ley.Por otra parte, y de acuerdo con el concepto que los representantes de laLegislatura del estado de Morelos tenían sobre el artículo 16 constitucional, éste serefería a la competencia, y no a la legitimidad, ya que la Constitución sólo miraba ala órbita dentro de la cual debía girar la autoridad y no a la cualidad de quien ejercía laautoridad ni a la manera en que ésta fue designada. Su ámbito de competencia seentendía sólo con relación a la naturaleza de la autoridad que la ejercía y no a la personaque la representaba, ya que en la Constitución, al hacerse mención de la autoridadcompetente, sólo se refería al caso de que la autoridad se extralimitara en las funcionesque la misma ley le otorgaba.En consecuencia, las garantías previstas en el artículo 16 no se vulneraron enperjuicio de los quejosos, debido a que tanto la Legislatura como el gobernadoreran las instancias competentes para emitir y promulgar la Ley de Hacienda, y talcompetencia no podía dejar de existir por dudas en cuanto a la legalidad de susrespectivas elecciones.Los representantes de la Legislatura consideraban que era posible promoverjuicios de amparo en contra de las disposiciones y leyes de las autoridades de losestados, siempre y cuando no se afectara su régimen interior, ya que su intervenciónimplicaba una invasión en la esfera de la soberanía estatal. Por otra parte,sustentaban que no podía ser procedente el juicio de amparo porque su naturalezano le permitía formular una declaración general al limitarse a producir sus efectosúnica y exclusivamente en el juicio correspondiente. Por lo tanto, una sentencia quedeclarara la nulidad de una elección de un funcionario entrañaría una declaracióngeneral, lo que a su vez implicaría ir en contra de la naturaleza del juicio de amparo.A su vez, los representantes de la legislatura del estado de Morelos manifestabanque todos los hombres podían promover el juicio de amparo en caso deafectarse sus garantías individuales, siempre y cuando los ciudadanos de la Repúblicase vieran afectados en un caso de confrontación entre la ley de un estado conla federal del país, pero no procedía a nivel estatal, porque en las legislacioneslocales no se encontraba prevista la institución del juicio de amparo.