Tomo II - Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

872LA JUSTICIA ELECTORAL EN MÉXICO20 AÑOSopinión de Riva Palacio, el juicio de amparo estaba limitado a la protección de lasgarantías individuales consignadas en la Constitución, y al choque de las leyes de laFederación con los estados, y no podía extenderse más allá sin infringir la propiaConstitución, por lo que planteaba la creación de un nuevo recurso, que le dieramayor extensión al juicio de amparo, pero sin que tuviera efectos generales queatropellaran la soberanía de los estados, ni que la justicia federal tuviera facultadespara destituir a un gobernador y a la Legislatura de un estado, o que declarara nulauna ley otorgada por una entidad federativa en uso de su plena soberanía.Por otra parte, José María del Castillo Velasco, arribaba a la conclusión de que elpaís requería de una reforma en las leyes electorales y en la necesidad de queterminaran para siempre las perturbaciones correspondientes al régimen interiorde los estados, que surgían con suma facilidad en cada periodo de la renovación desus poderes. De igual forma, llegaba a la convicción de que la conquista de lalibertad electoral consistía en la reforma acertada de las leyes, en el aniquilamientode la tutela de la autoridad, en el reconocimiento sincero de la libertad del hombre,en el pleno convencimiento de que el pueblo era capaz por sí solo de ejercer susoberanía, de cuidar de ella y de atender al gobierno de sí mismo. A través de lalibertad electoral, los periodos electorales iban a generar agitación, pero de igualforma se garantizaría la paz y el orden público, para acostumbrar así a los ciudadanosa respetar los resultados electorales, sin cuya observancia era imposible lalibertad, así como la buena administración de los estados.Cuestiones constitucionalesEl ministro José S. Arteaga, consideraba que, lo que la Suprema Corte de Justiciatuvo presente para no considerar a Leyva como gobernador del estado de Morelosfue la ley que la Legislatura local expidió pretendiendo reformar la Constitución delEstado, sin que se observaran los trámites previstos en dicho ordenamiento paraque la referida reforma pudiera tener efectos. Esta cuestión fue lo que los quejososexpusieron, lo que se recibió a prueba en el juicio de amparo, lo que informó laautoridad responsable del acto reclamado, lo que alegaron las partes y lo que consideróla Suprema Corte de Justicia en la parte expositiva de su sentencia.El ministro José S. Arteaga sustentaba que el poder de un estado que no fueranombrado de conformidad con su Constitución, no podía funcionar como tal en todolo correspondiente al régimen interior de ese estado. En su opinión, cuando seexpidió la Ley de Hacienda, el Poder Ejecutivo de Morelos, no se encontraba esta-