Tomo II - Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

ANEXO II-B857SoberaníaJosé María Iglesias, expresaba que al juzgarse sobre la legitimidad de unaautoridad, maliciosamente se habían querido confundir dos cuestiones diferentes:por una parte la soberanía de los estados y, por la otra, el advenimiento del poder ola permanencia en él de autoridades ilegítimas y usurpadoras.José María Iglesias manifestaba que siempre que existiera violación de lasgarantías individuales era procedente el juicio de amparo contra las leyes y losactos de las autoridades de los estados, sin que fuera obstáculo la consideraciónde que esos actos o esas leyes correspondían al régimen interior de los estados. Detal suerte que los estados eran libres y soberanos en cuanto a su régimen interno,siempre que sus leyes o actos no violaran las garantías individuales, puesto que encaso de hacerlo, su soberanía se interrumpía, al preferirse la salvaguarda de losderechos del hombre y el vínculo federativo, sobre la soberanía estatal. El ministroIglesias señalaba que si se aceptaba el argumento de que el amparo no procedíaen los negocios concernientes al régimen interior de los estados, esta resoluciónequivaldría nada menos que al absurdo de borrar para siempre, la fracción primeradel artículo 101 de la Constitución Federal.Iglesias afirmaba que de conformidad con el artículo 41 de la Constitución, losestados tenían soberanía, pero únicamente en cuanto a su régimen interior, enlos términos previstos por la Constitución Federal y las particulares de los estados,las cuales en ningún caso podrían contravenir las estipulaciones del pacto federal.Ahora bien, en su concepto, los actos electorales eran los que de preferencia comprendíael artículo 41 constitucional, porque mediante ellos el pueblo ejercía susoberanía, y ésta debía ejercerse en los estados, de conformidad con lo previsto ensus respectivas Constituciones. Por otra parte, el ministro Iglesias señalaba que pormás que un estado fuera soberano, si su legislatura, erigida en colegio electoral,formulaba declaraciones que estuvieran en pugna con los preceptos de la Constituciónlocal, tales declaraciones no eran válidas, porque el pueblo perdía su soberaníacuando no se ejercía en los términos previstos por el ordenamiento constitucionallocal, infringiendo así el artículo 41 de la Constitución Federal, y colocando a lospoderes de la Unión en la necesidad de ejercitar el derecho que les confería elartículo 109, para restablecer en el Estado la forma de gobierno vulnerada. Con lafinalidad de complementar el anterior razonamiento, de igual forma señalaba que alos preceptos citados se agregaba otro más, el 126, cuya parte final señalaba quela Constitución Federal era la ley suprema de toda la Unión, por lo tanto, nadie