PAGINAS I A XII.qxd - World Resources Institute

podían permitirse abandonar la zona, pero el gobierno no podía permitirseel lujo de dejarlos partir. Cuando BHP amenazó con cerrar lamina si se le exigía la construcción de un nuevo embalse, el gobiernorenunció a ese requisito con tal de no encarar las pérdidas de lasgrandes ganancias, de los impuestos y de los puestos de trabajo, ademásde significar un golpe tremendo para el orgullo nacional. Eligióese curso de acción aun cuando las quejas sobre los efectos ambientalesde los vertidos de la mina habían contribuido a la rebelión quecerró la mina de Bougainville (Kirsch 2001:5-6).La propiedad en parte estatal de la mina Ok Tedi también suscitabaproblemas clave de gestión en el campo legislativo. Desde el inicio,el gobierno se había comprometido firmemente con lograr unéxito rotundo en la mina OK Tedi, y parecía preparado a aceptar unmínimo de degradación ambiental para lograr esa meta.Se eximió a Ok Tedi de cumplir la legislación posterior, incluso laLey de Planificación Medioambiental de 1978, permitiendo a la minasustraerse a la vigilancia del Departamento de Medio Ambiente yConservación (Burton 1997:50). En cambio, se hizo responsable a lapropia OTML de vigilar sus propios impactos ambientales (Kirsch2001:8). El Departamento de Minas y Petróleo vigiló la política de OkTedi durante los primeros años, fomentando un proceso de adopciónde decisiones dominado por funcionarios de alto nivel del gobierno yrepresentantes de OTML (IWT 1994:66-67).Esta colaboración estrecha salió a la luz en las vistas públicasante el Tribunal Internacional del Agua en 1991. Según las actas,«un ex miembro de la plantilla del Departamento de Mineralesobservó que el personal directivo de OTML tenía acceso fácil y frecuentea los niveles gubernamentales más altos de Papúa NuevaGuinea … Frecuentemente las decisiones importantes del Gabinetese realizaban sin consultar siquiera consultar al personal delgobierno responsable, basándose en información suministrada principalmentepor la propia OTML» (IWT 1994:66-67). En su sentencia,el tribunal acusó a BHP de «utilizar su poder adquisitivo extranjeropara influir sobre el gobierno para que éste hiciera excepciones alaplicar la ley en su favor y en detrimento del medio ambiente y de losmedios de vida de la población local» (IWT 1994:84).En 1989, el gobierno se puso en marcha para abordar los problemasde responsabilidad sobre estas minas, estableciendo una formamás inclusiva para adoptar decisiones sobre las operaciones nuevas oexistentes. Se establecieron Foros de Desarrollo a través de los cualesel gobierno nacional, los provinciales y las comunidades propietariasde la tierra aceptaron las condiciones operativas, los derechos a losbeneficios y las obligaciones de cada interesado (Hancock y Omundsen1998:1-3). En 1991, el Foro de Desarrollo de carácter retroactivo paraOk Tedi produjo el aumento de los pagos de derechos a los habitantesde la zona por el arrendamiento del terreno de la mina.Según John Strongman, Consejero de Minería del Banco Mundial,cuya sede está en Washington DC, estos Foros de Desarrollo «representanperfectamente la voz de los propietarios y hacen circularla información correctamente. ¿Es posible queproblemas como los de OK Tedi se presenten otra vez enPapúa Nueva Guinea? Absolutamente no. Ahora losprocedimientos de consulta en el país son probablementelos mejores del mundo» (Strongman 2003).Muchos habitantes y sus aliados de las organizacionesno gubernamentales locales e internacionales,sin embargo, no comparten esa opinión tan optimista.Señalan que el gobierno tiene tendencia a favorecer ensus decisiones a la BHP desde el acuerdo de 1996. Aúnmás discutible es que en diciembre de 2001 el gobiernode Papúa Nueva Guinea aprobara el Noveno Anexode la ley para la Continuación de la Mina OK Tedi, elcual incluye la exoneración de la responsabilidad deBHP frente a cualquier responsabilidad por dañosocasionados por la mina después de que la compañíavendiera sus acciones.El Gobierno local: su incapacidadLos fracasos administrativos del gobierno con respectoa la mina OK Tedi y el fraude a las comunidades localesno son únicamente achacables al gobierno nacional. El estado de derechoen Papúa Nueva Guinea es débil, incluso en la provincia de Western, ylos gobiernos provinciales no están capacitados ni especializados paragestionar sectores fundamentales como los de la salud, la educación y lostransportes. Algunas administraciones gubernamentales locales tambiénhan administrado mal sus finanzas. El Gobierno Provincial del ríoFly (el FRPG), que gobierna la provincia de Western, ha sido suspendidotres veces por el gobierno nacional por su descabalada gestión financiera,la tercera vez fue en septiembre de 2000. Se reintegró al poder en octubrede 2001 (OTDF 2001:7; Finlayson 2002:10).El FRPG no ha sabido convertir sus substanciosos derechos minerosen beneficios sostenibles a largo plazo para su población. Desde1990, el gobierno provincial ha recibido 300 millones de kina (100millones de dólares) por pagos relacionados con la mina OK Tedi,incluidos los derechos sobre la mina y los impuestos (Finlayson2002:10). No obstante, según un informe de 2002 encargado por el194RECURSOS MUNDIALES 2004