PAGINAS I A XII.qxd - World Resources Institute

duales (Brubaker 2001:1). En 1997, las capitales asiáticas de Yakartay Manila otorgaron contratos para privatizar el servicio de suministrohídrico, que son sólo dos de las treinta y tres privatizaciones quese realizaron dicho año (Owen 2001:17). Desde 1995 a 1999, losgobiernos de todo mundo privatizaron un promedio anual de 36empresas de suministro de agua o de sistemas de tratamiento deaguas residuales (Owen 2001:17). Igualmente, la privatización hacontinuado en el sector eléctrico con un 40% de los países en desarrollo,permitiendo ya en 1998 la entrada de productores de electricidadprivados en sus sistemas de suministro eléctrico (Bacon 1999:8).Los beneficios potenciales de la privatización son financieros yprácticos. La privatización proporciona fuentes inmediatas de capitalprivado para invertir en sistemas que a menudo necesitan dinerourgente y cuyas estructuras están en malas condiciones. Si se realizacorrectamente, ello puede comportar un servicio mejor y más extendido,mayor eficacia y un aumento de la viabilidad financiera. Perola realidad de la privatización ha sido dispar y ha tenido repercusionesnegativas en ámbito local, produciendo incluso sublevacionesciviles en varios lugares. Las decisiones sobre privatización raramenteinvolucran a la opinión pública y a menudo tiene repercusionessociales impopulares, incluido la pérdida de puestos de trabajo yel aumento de los precios (Dubash 2002:x-xv).Sucede además que muchos gobiernos no están preparados pararegular los nuevos servicios públicos privatizados –que a menudo sonmonopolios– con normas que protejan las metas sociales y ambientales.Puede que los servicios públicos privatizados, si no existe una vigilanciareguladora vigorosa, no tengan debidamente en cuenta los impactosambientales cuando construyen nueva infraestructura o al tomar decisionessobre el uso de la tierra. Por ejemplo, la decisión de construir unacentral eléctrica alimentada con carbón o de explotar suministros hídricosno renovables pueden devenir argumentos económicos a corto plazocomo la inmediatez de financiación o la rápida recuperación de lainversión, en lugar de resultados a largo plazo para la naturaleza y lascomunidades circundantes. Por éstas y otras razones, la cuestión decuánto poder estatal debe ponerse en manos de las compañías privadasy qué tipos de obligaciones sociales y ambientales deben asumir estascompañías es uno de los puntos más polémicos de la gestión ambientalhoy día (Dubash 2002:x-xv; Gleick et al. 2002:29-39).La inestabilidad económica y política derivada de las crisis financierasde los años noventa también retaron a las estructuras de gestiónmedioambiental. En Indonesia, por ejemplo, la ruptura de la leyy el orden y el alto índice de desempleo que siguieron al desplome delrégimen de Suharto en 1998 –unido al resentimiento reprimido acausa del control estatal de los recursos naturales– condujo a unaexplosión ilegal de la explotación forestal y a la caza furtiva de especiessilvestres en las áreas protegidas del país. Al mismo tiempo, elderrumbamiento económico limitaba la capacidad del gobierno paraconsolidar la protección del ambiente y desviaba la atención de losgrupos de interés público, normalmente vigilantes, hacia el problemaurgente de ayudar a la población empobrecida (FWI y GFW 2002:60-64). Las débiles instituciones de gestión ambiental, incluyendo a lasagencias del gobierno, las organizaciones de la comunidad y los gruposde interés público hacen que los ecosistemas sean sumamentevulnerables a la disgregación económica y política.Finalmente, la globalización ha ilustrado los conflictos potencialesentre las funciones de las instituciones como el FMI, el Banco Mundialy las agencias bilaterales de crédito a la exportación al promoverla liberalización y la privatización, y la función que éstos desempeñanen la gestión ambiental global. Primero, ¿cómo pueden las actividadesfinanciadas por dichos organismos ser coherentes con el desarrollosostenible? Hay muchos casos en que los proyectos apoyados por estasinstituciones fomentaban prácticas insostenibles. Por ejemplo, unestudio del Instituto de Recursos Mundiales halló que los organismosde crédito a la exportación de los países desarrollados, los cualesfinanciaban proyectos extranjeros pensados para desarrollar los mercadosde la exportación en el extranjero, apoyaban proyectos energéticosen países en desarrollo con altos índices de emisión de gases deefecto invernadero. Esto representaba un conflicto obvio con el deseoprofesado por los países desarrollados de fomentar en los países envías de desarrollo la reducción de los índices de crecimiento de susemisiones de gas (Maurer y Bhandari 2000:1-6).Segundo, existe la preocupación de que las instituciones financierasinternacionales no sean lo suficientemente transparentes yresponsables para con las comunidades afectadas por sus decisiones.Mientras que el Banco Mundial y otros bancos multilaterales dedesarrollo han introducido reformas importantes relacionadas con ladivulgación de información, la consulta pública y los mecanismos deapelación, la mayoría de las agencias de crédito y organismos delcomercio permanecen cerrados a la participación y al escrutiniopúblicos (véase Recuadro 2.2).La democratizaciónDurante los últimos 30 años, el mundo ha visto aparecer una tendenciasignificativa hacia la democratización –la adopción de principiosdemocráticos de gobierno y la participación pública–. FreedomHouse, que clasifica a los países como “Libres”, “Parcialmente Libres”o “No Libres” basándose en un conjunto de libertades políticas y civiles,estima que mientras en 1973 sólo 81 países eran “Libres” o “ParcialmenteLibres”; ya en 2003 ese número había ascendido a 144.Estas cifras corresponden a una población total de 2.000 millones depersonas que vivían bajo regímenes total o parcialmente democráticosen 1973, pasando a 4.000 millones en 2003 (Freedom House 2003:2-3).La relación entre democratización y repercusiones ambientaleses compleja (véase Recuadro 2.3). Cuanto más dispuestos estén losciudadanos a informarse sobre el medio ambiente, a expresar susopiniones y a hacer a sus líderes responsables de sus actuaciones alrespecto, más probable es que puedan prevenir el manejo inadecuadodel medio ambiente. Por ejemplo, después de 1989, la tendenciademocratizadora de los países de la antigua Unión Soviética ayudó asacar a la luz la grave contaminación del paisaje con substanciasradiactivas y tóxicas y la exposición de los ciudadanos, que lo ignoraban,a peligros extremos para su salud. A pesar de la represióncontinuada sufrida, los ambientalistas han forzado a los gobiernos dela región a empezar a abordar los problemas de salud ambiental. Enel noroeste de Rusia, una comunidad apoyada por grupos de presiónhan tenido éxito recientemente al bloquear la construcción de unaplanta nuclear votando en contra en el referéndum local.(continúa en página 34)Capítulo 2: La gestión de los asuntos ambientales en la actualidad29