tribunales de juicio oral en lo penal

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148BOLETÍN DEL MINISTERIO PÚBLICOFALLOSdía 13 de febrero de 2006, fecha que se suscribedentro del plazo renovado de 60 días tras la declaraciónde la nulidad decretada. Agrega, que no estimanque proceda la interposición del presente recurso,conforme la naturaleza y contenido de la resoluciónrecurrida, toda vez que el Recurso de Amparosegún lo dispuesto en el artículo 21 de la CartaFundamental, procede cuando una persona se halladetenida o presa con infracción de ley, teniendo comoúltimo fin el recurso hacer cesar dicha detención ilegalpor parte del órgano que arbitrariamente así lohaya decretado o mantenido, por lo que cabe hacerpresente que en el presente caso la resolución porla que los representados de los recurrentes fueronsometidos a prisión preventiva, data de 01 de juniode 2005 y fue dictada por un tribunal diverso al TribunalOral de Ovalle, agrega que además dichamedida fue revisada por el Tribunal de Garantía el20 de octubre del año en curso, de lo que se coligeque los jueces recurridos, mediante la resolución quese pretende recurrir, ni mediante resolución alguna,han emitido pronunciamiento a ese respecto, ya queno han decretado la prisión preventiva, ni tampocohan decretado su mantención. Expresa, que el abogadorecurrente contaba con otros mecanismos legalesante su no conformidad con la nueva fechaestablecida, como lo es el recurso de reposición,establecido en el artículo 363 del Código ProcesalPenal, ya que tras la declaración de inhabilidad seresolvió en la misma audiencia y sin mediar debate,fijan nueva fecha y hora para el juicio lo que conformea la norma citada posibilita a los intervinientesque repongan en forma inmediata en la misma audiencia,por lo que la omisión de la defensa en dichaoportunidad no se puede suplir con el recurso ahorainterpuesto; existiendo además como otro medio legalla solicitud por parte de la defensa de la revisiónde medidas cautelares, lo que tampoco formuló elabogado defensor, por lo que se entiende que lascircunstancia que dieron lugar a que se decretara laprisión preventiva, no han variado, indican entoncesque teniendo presente que siempre les cabe a laspartes la posibilidad de requerir su revisión, era aquellala vía lícita para evitar su mantención, y no el recursode amparo, ya que mal se podría a través dela impugnación de la resolución que fija fecha parauna nueva audiencia de juicio oral dejar sin efecto oevitar la mantención de la privación de libertad, quees el objetivo último de todo recurso de amparo. Porúltimo, reiteran que habiéndose declarado nulo eljuicio iniciado, conforme la interpretación lógica yarmónica del artículo 281 del Código Procesal Penal,se renueva el plazo de 60 días allí establecido,pues de lo contrario se arriesga caer en el absurdode que cada vez que se anule un juicio, el que en unprincipio se llevó a cabo el día 59 o 60 del plazo,siempre el nuevo juicio se celebraría fuera del plazolegal y por tanto siempre sería ilegal, lo cual no secondice con la lectura que han dado los Tribunalespara estos casos, y que en todo caso, el legisladorpermite al tribunal celebrar el juicio oral dentro delplazo de 60 días, siendo libre para disponer dentrode ese plazo, el día en que se celebrará, conformesu disponibilidad y la agenda que presente, lo queen este caso, habiéndose renovado el plazo, teniendoen cuanta la imposibilidad de constituir sala hábilde inmediato, el día sábado o domingo, estando ademásel Tribunal compuesto por una sala única, conformadopor una juez titular y ningún juez interino,adicionado que ya estaban agendados 20 juicios oralessucesivos, 10 de los cuales tendrían una duraciónigual o superior a 2 días, y que uno de ellos acelebrar el 9 de enero de 2006 tendrá una duraciónestimada superior a una semana, es que respetandoel plazo, no puede la sala sino fijar la audienciael día 13 de febrero de 2006, debido al sobre númerode audiencias. Adjunta certificación correspondientea las causas a conocer por el Tribunal y de la audienciacelebrada el día viernes 16 de diciembre delcorriente.Que, a fojas 28 se ordenó traer los autos enrelación.CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:PRIMERO: Que la acción constitucional deamparo prevista en el artículo 21 de la ConstituciónPolítica constituye una garantía destinada a tutelarel bien jurídico libertad personal y seguridad individual,procediendo frente a privaciones, perturbacioneso amenazas a la libertad personal ocurridas coninfracción a lo dispuesto en la Carta Fundamental oen las leyes.SEGUNDO: Que conforme lo informado porlos Jueces recurridos, se tiene por establecido quelos amparados se encuentran privados de libertadpor pesar sobre ellos la medida cautelar personal dela prisión preventiva, decretada por autoridad judicial
BOLETÍN DEL MINISTERIO PÚBLICO 149competente, dentro de un procedimiento legalmentetramitado y con observancia de los requisitos y formalidadeslegales, por lo que no se hará lugar a lapresente acción de amparo.TERCERO: Que, a mayor abundamiento, loshechos en que se hace fundar la acción cautelar intentadano son constitutivos de un recurso de amparopropiamente tal como el contenido en el artículo21 de la Carta Fundamental, llegando además estossentenciadores a la convicción de que en virtud dela presente acción no se puede dejar sin efecto unaresolución judicial, respecto de la cual proceden losmecanismos de impugnación que la propia ley establecey que los intervinientes tienen derecho a interponeren las oportunidades que la misma ley les confiere,sin perjuicio de tener presente que la medidacautelar que pesa sobre los recurrentes puede serobjeto de revisión a fin de cautelar la garantía de lalibertad personal.Y visto, además, lo dispuesto en el artículo21 de la Constitución Política de la República se RE-CHAZA, el recurso de amparo deducido por donJOSÉ LUIS CRAIG MENESES y CARLOS ESPER-GUEN SEPÚLVEDA, en representación de los señoresANÍBAL ENRIQUE GUERRERO SEPÚLVEDAy LEONEL IVÁN ARAYA CARVAJAL, a fojas 1 y siguientesde autos.Sin perjuicio de lo resuelto, atendido a quelos acusados se encuentran privados de libertad ycon el objeto de no prolongar tal situación, los juecesrecurridos deberán atender preferentemente estacausa en orden a buscar razonablemente una fechaanterior a la fijada para la realización del juicio oral.Se previene que el abogado integrante señorLeonel Rodríguez no comparte el fundamentotercero, en cuanto a que el recurso de amparo nosería la vía idónea para impugnar una resolución judicial,toda vez que en su opinión, tratándose de unaacción contemplada en la Constitución Política, éstaprimaría sobre la normación meramente legal delCódigo Procesal Penal o de otro estatuto de rangosimplemente legal. Lo anterior resultaría avalado porlo dispuesto en el inciso final del artículo 21 de laCarta Fundamental, en cuanto señala que “la magistraturarespectiva puede dictar las medidas queestime conducentes para reestablecer el imperio delderecho y asegurar la debida protección del afectado”,entre las cuales podría considerarse comprendidasaquellas que tienen por objeto privar de efectosa una resolución judicial que se estime ilegal.Notifíquese, regístrese y archívese.Rol Nº 582-2005.-FALLOS
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