tribunales de juicio oral en lo penal

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SENTENCIAS COMENTADAS216BOLETÍN DEL MINISTERIO PÚBLICOComentario:Son muy pocos los fallos dictados en materia de delitos sexuales, desde que entró en vigencia elnuevo sistema procesal penal, en donde se aborde el tema del error. En este caso particular, estamos frentea un pronunciamiento del Juzgado de Garantía de Puerto Montt respecto del error de prohibición, tribunalque, más allá del hecho de absolver al imputado fundándose en esa circunstancia, incurre en apreciacionesabsolutamente discutibles a propósito del contenido de aquél en contraste con el error de tipo y, además,respecto de los elementos de hecho que esgrimió para fundarlo.En primer lugar, llama la atención los comentarios que hace en el considerando séptimo respecto delos argumentos expresados en el Congreso Nacional a propósito de la tramitación de la Ley N° 19.927 encuanto eleva el límite de edad del artículo 362 del Código Penal. Vemos a un tribunal de la República haciendocomentarios de política criminal en un fallo, los cuales, por lo demás, son absolutamente innecesarios parala resolución del fondo del asunto, ya que destacar la existencia de muchas voces partidarias de no modificardicho límite de edad, siendo la decisión final contraria a dicho planteamiento, no puede significar un recursohermenéutico a la hora de determinar el sentido y alcance de un tipo penal tan objetivo y en el que la intencióndel legislador es clara. Lo contrario implicaría, por un lado, pretender derogar tácitamente la norma recurriendoa los argumentos desechados en definitiva por el legislador, no obstante éstos sean válidos y atendibles, ypor otro, realizar una labor que al juez no le compete y que es comentar la conveniencia o inconveniencia deuna decisión legislativa. Sólo debe interpretar el producto de dicha decisión y no indagar en su génesis.Entiendo, sin embargo, que esta sistematización de comentarios en contra de la modificación tienecomo objetivo último absolver al imputado de la acusación por violación de menor presentada por el MinisterioPúblico. Pero sabemos que para ello no bastan apostillas de política criminal, por lo que el tribunal recurre alerror de prohibición para sustentar argumentativamente dicha absolución, empresa que, a mi juicio, tampocotiene un corolario feliz. En efecto, en su considerando octavo, el fallo parte reseñando los comentarios de ladoctrina nacional a propósito del tema, la cual es clara en hacer la distinción entre el error de tipo, excluyentedel dolo y, consecuencialmente, de la tipicidad, y el error de prohibición, que implica un desconocimiento delindividuo respecto de la antijuridicidad de su conducta, lo cual lleva a excluir la culpabilidad. Seguidamente,en ese mismo considerando, no obstante haber asentado la doctrina atingente al tema, el tribunal muestracierta confusión conceptual al ejemplificar cada una de estas formas de error al señalar que “se presentaríaun error de tipo si el sujeto mantiene relaciones sexuales con una menor de 13 años en la creencia que aún seencuentra vigente el límite de 12 años que establecía anteriormente la legislación para que la mujer prestareválidamente su consentimiento al acto sexual”, ejemplo que da cuenta claramente de un error de prohibición,puesto que recae sobre la ilicitud de mantener relaciones sexuales con personas de 13 años en ese momentodeterminado, no recayendo el error sobre elemento típico alguno. Esta confusión conceptual se va a verrefrendada al momento de señalar los antecedentes de la investigación que servirían para fundar la presenciade un error de prohibición, siendo uno de ellos el hecho de haber entablado “una relación sentimental con unamenor que tiene un desarrollo intelectual normal promedio, en su límite superior, y que había tenido actividadsexual anteriormente” concluyendo que “es perfectamente razonable que se representara que se trataba deuna menor de 16 o 17 años”.Una vez que establece difusamente los límites conceptuales del error de prohibición, el tribunal seaboca a la tarea de buscar los elementos fácticos aportados por la investigación para fundar su concurrenciaen este caso. Pero nuevamente se equivoca, puesto que aquellos elementos, señalados en el considerandonoveno del fallo, dan cuenta objetivamente de una persona con características normales, con estudios medioscompletos y técnicos inconclusos, con un oficio que requiere aprobar exámenes teóricos y prácticos, osea, en definitiva, una persona que tiene una preparación por sobre la media, respecto de la cual el tribunalexcluye la posibilidad que se hubiera representado el hecho de que tener relaciones con menores de edad esuna conducta reprobada por el Derecho, incluso justificándolo en orden a que “su oficio no está referido alámbito legal”. Olvida el tribunal el criterio asentado hace bastante tiempo por Mezger en relación al nivel deconocimiento de lo injusto que se requiere para la configuración de la culpabilidad, asentando la fórmula
BOLETÍN DEL MINISTERIO PÚBLICO 217“valoración paralela en la esfera del profano”, que implica, por parte del individuo, una apreciación del caráctercontrario al ordenamiento jurídico de su conducta, aunque no esté en condiciones de encuadrarla técnicamenteen la norma correspondiente. El tribunal, en cambio, establece prácticamente que la ignorancia del tipopenal concreto por parte de una persona que no tenga conocimientos superiores en derecho, significaría unerror de prohibición excusable susceptible de servir de base para una absolución a ese título, lo cual no secondice con lo señalado por la doctrina más autorizada, ni implica una solución de justicia a la luz del bienjurídico que pretende proteger el tipo penal del artículo 362.Haciéndose cargo de algunos de los argumentos señalados, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt,apelación mediante, revocó el fallo condenando al imputado a una pena menor, no obstante su cumplimientoefectivo conforme lo preceptuado en el inciso final del artículo 1° de la Ley 18.216. Lo relevante de la decisiónde la Corte es el encause correcto que da a las distinciones de error de tipo y error de prohibición, introduciendoel criterio de la valoración paralela y asentando adecuadamente los hechos en función del concepto “errorde prohibición invencible”, cuyos límites habían sido extendidos de manera amplísima y difusa por parte deltribunal a quo.Esta decisión jurisprudencial, en fin, nos enseña que la problemática introducida por el aumento en laedad para consentir válidamente una relación sexual puede ser el origen de soluciones que, si bien pretendenasentarse en una noción de justicia material, nos pueden llevar a interpretaciones y calificaciones totalmentedistanciadas de los principios y reglas que entregan tanto el propio ordenamiento jurídico como la doctrina.Esta situación, sumado a argumentos materiales, hacen necesaria la modificación de la norma, la cual porsupuesto debe hacerse por los canales constitucionales y no caso a caso a través de una jurisprudenciaequívoca.SENTENCIAS COMENTADAS
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