tribunales de juicio oral en lo penal

236BOLETÍN DEL MINISTERIO PÚBLICOARTÍCULOSel punto que en la definición de delito inserta en el inciso 1º de su artículo 1º no la incluye y tampoco en elinciso final de este mismo artículo, en donde expresa: “el que cometiere delito será responsable de él eincurrirá en la pena que la ley señale, aunque el mal recaiga sobre persona distinta de aquella a quien seproponía ofender (la víctima). En tal caso no se tomarán en consideración las circunstancias, no conocidaspor el delincuente, que agravarían su responsabilidad; pero sí aquellas que la atenúen”.Excepcionalmente, en el inciso final de su artículo 13, se refirió a la víctima en los casos que existavínculo de parentesco entre ella y el ofensor o sujeto activo pero sólo porque este vínculo podrá constituircircunstancia atenuante o agravante de la responsabilidad de este último.El Código de Procedimiento Penal, que rigió en el antiguo sistema desde el 1º de marzo de 1907,dispuso en su artículo 109 que el Juez “debe investigar, con igual celo no sólo los hechos y circunstanciasque establecen y agravan la responsabilidad de los inculpados, sino también los que les eximan deella o la extingan o la atenúen” y no consideró que en la misma forma investigare “con igual celo” loshechos y circunstancias que acreditaren los daños causados a las víctimas”.Consecuente con dichos principios arraigados en nuestra idiosincrasia no fue de extrañar que en todasentencia judicial de carácter condenatoria dictada en los antiguos Juzgados de Letras en lo Criminal, alimponer pena, los jueces, generalmente, sólo analizaban la personalidad del imputado en cuanto a si concurríana favor o en contra de éste circunstancias modificatorias de su responsabilidad penal, sea que la eximan,sea que la aminoren, sea que la agraven, cumpliendo con ello lo dispuesto en el artículo 109 del entoncesvigente Código de Procedimiento Penal.Recibía plena aplicación el principio denominado “In dubio pro reo” o “principio pro reo” que permitió alos Tribunales imponer penas, generalmente, en el mínimo permitido, obviando o soslayando en la interpretaciónde la ley el principio de hermenéutica legal consagrado en el artículo 23 del Código Civil, pues consideraronque lo “odioso de una disposición” es contrario a este principio 33 .Tratándose de delitos en que el imputado puede invocar circunstancias atenuantes de su responsabilidadcriminal, al ser éstas acogidas, lo son de acuerdo a la aplicación de la normativa legal: artículos 65 a 68bis del Código Penal.Esta forma de dictar sentencia tiende a favorecer al imputado aplicándole la pena menos rigurosa quepudo imponérsele y, si bien con ello podrá sostenerse que la pena impuesta es el resultado de aplicar la ley,cabe considerar que lo es sólo en un aspecto formal, pues siguiéndose la costumbre del antiguo sistemaprocesal, al imponer de esta forma la pena se omite considerar la situación de la víctima en la causa al noatenderse al daño que la perpetración del delito o del cuasi-delito le ha causado o en su físico, o en suaspecto mental y sicológico, o en su patrimonio, constituyendo una clara demostración que el CódigoPenal sólo atiende al sujeto activo o responsable de un hecho ilícito omitiendo a la víctima, lo que másadelante se ve reafirmado por las disposiciones contenidas en sus artículos 10º y 11º que prevén situacionesen que se exime de responsabilidad en el primero y situaciones que la aminoran, en el segundo constituyendoexcepción a estas reglas generales, tratándose de personas unidas por vínculo de parentesco, lo previsto enel artículo 13 del Código Penal.IIISITUACIÓN ACTUAL DE LA VÍCTIMACon el advenimiento de la Reforma Procesal Penal, “un importante objetivo del nuevo sistema deenjuiciamiento criminal fue conferir una mayor participación a la víctima en el proceso penal, sin necesidad de33 Véase Alfredo Etcheberry. “El Derecho Penal en la Jurisprudencia”. Tomo I. Párrafo 10. Página 35, en donde citanumerosos fallos a contar del año 1876 en adelante.