tribunales de juicio oral en lo penal

BOLETÍN DEL MINISTERIO PÚBLICO 231“Los juzgados de garantía estarán conformados por uno o más jueces con competencia en un mismoterritorio jurisdiccional, que actúan y resuelven unipersonalmente los asuntos sometidos a su conocimiento (ya quienes corresponde) asegurar los derechos del imputado y demás intervinientes en el proceso penal, deacuerdo a la ley procesal penal”En esta línea se inscribe la norma del artículo 70 del mismo Código que, bajo el epígrafe de “juez degarantía competente”, dispone que se pronunciará sobre las autorizaciones judiciales previas que solicitare elMinisterio Público, “el juez de garantía llamado por la ley a conocer las gestiones a que dé lugar el respectivoprocedimiento...”Todavía, cabe mencionar que entre las excepciones de previo y especial pronunciamiento que seautoriza al imputado para oponer a la acusación, la primera mencionada por la ley es “la incompetencia deljuez de garantía” (art. 264 letra a).Finalmente, a virtud de la reforma introducida por la ley 20.074, hoy, el artículo 373 letra a) del Códigoindicado, sostiene que es causal de nulidad del juicio oral y de la sentencia:“Cuando, en cualquier etapa del procedimiento o en el pronunciamiento de la sentencia, se hubiereninfringido sustancialmente derechos o garantías asegurados por la Constitución o por los tratados internacionalesratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”La redacción que precede, vino a poner fin a una discusión referida al efecto extensivo de la nulidadoperante como consecuencia de acogerse un recurso y la consecuencia es que si los actos jurisdiccionalesdel período de investigación, los verificó –a los efectos del análisis que vengo efectuando– un juez incompetente,se habrá vulnerado la garantía constitucional y la prevista en los Tratados internacionales, en orden aque el juez a cargo de las decisiones debe ser un juez “competente”, razón por la cual, podrá prosperar elrecurso fundado en esta causal del citado art. 373 letra a).De cuanto he expuesto, aparece, en términos casi majaderos, el modo como la legislación procesalcautela la exigencia de que intervenga en el procedimiento un juez competente: adicionalmente, se recuerdaque existe un mandato constitucional y legal que impone a los fiscales del Ministerio Público ejercer y sustentarla acción penal. Como si lo anterior no bastare, el artículo 6 de la ley 19.640, establece que “los fiscales....del Ministerio Público deberán velar por la eficiente e idóneas administración de los recursos y bienespúblicos y por el debido cumplimiento de sus funciones. Los fiscales deberán cumplir sus cometidos coordinadamentey propender a la unidad de acción evitando la duplicación o interferencia de funciones...”Es consecuencia de lo expuesto en el párrafo precedente, que los fiscales tienen el inexcusable deberde velar porque en el procedimiento que se ventile, intervenga un juez de garantía COMPETENTE: se trata deuna condición de legitimidad de la sentencia penal y, al propio tiempo una garantía decantada dolorosamente,a lo largo de los siglos en favor de las personas y acuñada en el juzgamiento por el juez natural. Aún más, enla medida que se evita que los juicios y procedimientos deban repetirse, el velar por la competencia judicial,termina siendo una forma de cumplir con la tarea de administrar los recursos con eficacia y con el deber deevitar duplicaciones.Cuanto antecede constituye, en mi opinión, demostración suficiente del interés jurídico que anima alos fiscales en la determinación de la competencia o incompetencia del juez de garantía de que se trate, porlo que, me parece, no se ajusta a la realidad de las cosas, ni se corresponde con la cabal interpretación de lasnormas jurídicas que regulan el tema, afirmar que al fiscal de Ministerio Público no le asiste interés quejustifique que se le escuche en el debate sobre la competencia del juez de garantía.ARTÍCULOSA modo de conclusiones, me parece posible sostener:a) La disputa entre dos órganos del Estado, en torno a cuál de ellos es el llamado a investigar unhecho que presenta caracteres de delito, o si ninguno de ellos, efectivamente lo es, constituye un conflictojurídico que requiere de pronta y clara decisión, como exigencia de desarrollo de un Estado de Derecho;