tribunales de juicio oral en lo penal

VII. Déjense sin efecto las medidas cautelarespersonales adoptadas en la audiencia celebradael 21 de diciembre del 2003. Comuníquese a las respectivasinstituciones públicas.VIII. Certifíquese que la sentencia definitivase encuentra ejecutoriada, y el cumplimiento de lodispuesto en el artículo 468 del Código ProcesalPenal, Decreto Ley N° 645 de 1925 y Decreto SupremoNº 64 de fecha 27 de enero de 1960, oficiandoal efecto a Gendarmería de Chile, Servicio deRegistro Civil e Identificación y Contraloría Generalde la República.Hecho, devuélvase la carpeta investigativaal Ministerio Público.Regístrese.R.I.T. N° 04-2003.-BOLETÍN DEL MINISTERIO PÚBLICO 199SENTENCIAS COMENTADASDICTADA POR DON FERNANDO GUZMÁNFUENZALIDA, JUEZ DE GARANTÍA DE LA LIGUA.• Comentario:El fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, de 3 de septiembre de 2004, que resolvió la apelaciónde una sentencia pronunciada en un juicio abreviado 1 , en el que no sólo acepta la presentación de uncertificado de antecedentes como elemento probatorio, sino que, además, sobre la base de dicho documento,modificó el fallo de primera instancia, otorgando la remisión condicional de la pena –que había sido descartadapor el juez de garantía, porque en el extracto de filiación incluido entre los antecedentes de la investigación,figuraba una condena anterior 2 –, plantea una serie de problemas de muy distinta índole, que analizaremosen los párrafos siguientes:1. Una primera cuestión se refiere a si la acreditación de las circunstancias que habilitan para otorgaralguno de los beneficios que otorga la Ley 18.216 constituye propiamente prueba o no. La duda surge porquetales circunstancias no se relacionan con el hecho investigado, sino con antecedentes previos y característicaspersonales del condenado. Aun reconociendo que, en lo medular, la prueba se contrae a acreditar elhecho punible y quiénes lo cometieron, no puede desconocerse que, para determinar la pena aplicable y suforma de cumplirla, la ley penal toma en consideración una serie de circunstancias que nada tienen que vercon el hecho mismo, sino con situaciones anteriores y posteriores a él, tales como las atenuantes de irreprochableconducta anterior, reparar con celo el mal causado o la colaboración con la justicia (art. 11, Nos. 6, 7,8 y 9), y las agravantes por reincidencia (art. 12, Nos. 15 y 16). Lo mismo ocurre con los requisitos paraacceder a alguna de las formas de cumplimiento alternativo de las penas privativas de libertad –entre ellos, lainexistencia de condenas anteriores– los cuales, naturalmente, también es preciso acreditar en el juicio. De1 Se trata de una condena pronunciada por el juez de garantía de La Ligua por los delitos de homicidio frustrado y porteilegal de armas; las penas fueron de 541 días por el primer delito y 61 días por el segundo, las cuales debíancumplirse bajo el régimen de reclusión nocturna. Los hechos se habrían originado en la ocupación por parte de lavíctima de tierras reclamadas como suyas por el hechor.2 La condena anterior (a 61 días, remitidos) fue por el delito de conducción en estado de ebriedad y data del 24 demayo de 2002.