tribunales de juicio oral en lo penal

BOLETÍN DEL MINISTERIO PÚBLICO 161presente caso el Ministerio Público solicitó orden judicialde detención contra el imputado Riffo con elpropósito de formalizar investigación, para que el tribunalresolviera sobre medidas cautelares, supuestodel inciso segundo del artículo 230, es decir, obedecióal cumplimiento de una obligación legal. Sinembargo el Juez de Garantía recurrido impidió alMinisterio Público cumplir con este deber legal, vulnerandoel artículo 132 del Código Procesal Penalque establece que a la primera audiencia judicial deldetenido, el Fiscal debe formalizar investigación ysolicitar las medidas cautelares que procedieren yel hecho que se haya debido fijar una segunda audiencia,con el propósito antes señalado no hace sinoreforzar la arbitrariedad de la resolución recurrida.-La segunda causal de falta o abuso grave que seatribuye al señor Juez de Garantía recurrido es lafalta de fundamentación de las resoluciones recurridas.Este deber se establece en el artículo 36 delCódigo Procesal Penal que obliga al tribunal fundamentarlas resoluciones que dictare expresando sucintamentepero con precisión los motivos de hechoy de derecho en que se basaren las resolucionestomadas.- En efecto, el Juez recurrido declaró ilegalla detención por estimar vulnerado el artículo 131del Código Procesal Penal por las circunstancias quefueran...; además resolvió que no se hace lugar a laformalización en este acto... Como se ha dicho laaudiencia de control de detención tiene por objeto:1) que el Juez de Garantía verifique el cumplimientode los deberes impuestos a la Policía -artículos 136y 97 del Código Procesal Penal- y 2) que el MinisterioPúblico formalice investigación contra el imputado,salvo que no cuente con los antecedentes suficientes(artículo 132 del Código citado).- En el presentecaso la Policía cumplió con los deberes legalesy el Ministerio Público contaba con los antecedentesnecesarios para formalizar la investigación.Sin embargo el Juez recurrido resolvió de la maneraantes indicada omitiendo las razones de hecho yderecho para adoptar ambas decisiones vulnerandoabiertamente el deber de fundamentar sus decisionescomo Juez de la República. Al señalar por lascircunstancias que fueran esta transcripción evidenciala falta de fundamento impidiendo que las partescomprendan la razón de lo decidido, anulando sueficacia e impide formalizar investigación sin expresiónde causa.- Indica que las faltas y abusos cometidosen la dictación de las resoluciones tuvieronconsecuencias procesales con agravio directo alMinisterio Público por cuanto la detención fue declaradailegal, en circunstancias que su cumplimentose ajustó a la ley; el imputado fue puesto de inmediatoen libertad y se impidió al Ministerio Públicoformalizar investigación en dicha audiencia, dándosea la fuga y hasta la fecha no ha sido habido.- Estasconsecuencias determinan que se haya violadolas siguientes funciones públicas: Respecto de losJueces de Garantía: 1) el deber de asegurar los derechosdel imputado y demás intervinientes del procesopenal (artículo 14 letra a) del Código Orgánicode Tribunales) y 2) inexcusabilidad en el ejercicio dela función (artículo 76 inciso segundo de la ConstituciónPolítica de la República).- Respecto del MinisterioPúblico: 1) la obligación constitucional de ejercerla acción penal pública en la forma prevista porla ley (artículo 83 Constitución Política y artículo 1ºley 19.640); 2) El deber de promover la persecuciónpenal, con el auxilio de la policía, sin que pueda suspender,interrumpir o hacer cesar su curso (art. 166inciso segundo del Código Procesal Penal); 3) obligaciónde formalizar investigación cuando requieraresolución sobre medidas cautelares (art. 230 incisosegundo Código Procesal Penal).- Respecto de laPolicía de Investigaciones: 1) dar eficacia al derecho,garantizar el orden público y la seguridad públicainterior en la forma que lo determine la respectivaLey Orgánica (artículo 101 inciso segundo de laConstitución Política de la República); 2) dar cumplimientosin más trámite a las órdenes emanadasde las autoridades judiciales (arts. 5 y 7 de la LeyOrgánica de la Policía de Investigaciones de Chile,D.L. Nº 2.460).- Finalmente señala que el recursode queja es procedente por cuanto la falta o abusose cometió en una resolución de carácter jurisdiccionaly se trata de una sentencia interlocutoria quehizo imposible la continuación del procedimiento, porcuanto al haber declarado ilegal la detención, hahecho que el procedimiento adoptado por las policíasadquiera el carácter de irregular, lo cual generaráque la prueba nacida de esta detención seadeclarada prueba ilícita en la audiencia de preparacióndel correspondiente juicio oral, ya que provienede una actuación o diligencia que ha sido declaradanula y al quedar en libertad el imputado unido al hechoque no se presentó a la audiencia de formalizaciónfijada ese mismo día para las 16:00 horas, eljuez recurrido ha facilitado la fuga del imputado yFALLOS