Calificadora Periodismo disidente? reconsideraciones Cristóbal hermoso

No es un secreto para nadie, especialmente
para la comunidad jurídica
nacional e internacional, los avances hacia
la modernización que hemos obtenido en
la República Dominicana con la implementación
y vigencia de la Ley núm. 108-05, la
cual sustituyó la vieja Ley núm. 1542 del año
1947. Entendiendo por supuesto, que si bien
esta última pieza legal contribuyó al ordenamiento
procesal-jurídico de la propiedad
inmobiliaria en su momento, lo cierto es que
los nuevos avances tecnológicos y científicos
han propiciado la renovación de la referida
legislación en materia de tierras en la República
Dominicana.
La Ley núm. 108-05, que rige en la actualidad
en nuestro país, comienza con una serie de
reglas tendentes a regular más adecuadamente
un derecho tan sagrado como es el
de la propiedad privada. El debido proceso
de ley en la materia inmobiliaria está más
garantizado que en la legislación anterior.
Un aporte importante de la Ley núm. 108-05
es la obligación de formalizar las notificaciones
a través de los actos de alguaciles, ya que
lo que se pretende es que las partes tengan
conocimiento de la demanda en su contra y
puedan defenderse. Recordemos que en el pasado,
grandes e importantes litis se perdían
porque nunca a las contrapartes les llegaban
dichas notificaciones, en razón de que éstas
eran manejadas por los Alcaldes Pedáneos
en la zona rural, y en la zona urbana y los famosos
telegramas por correos no siempre se
distribuían con la eficiencia y formalidad requerida.
En uno y otro caso, al parecer existía
un desconocimiento educativo o apatía por
parte de quienes les estaban encomendadas
esas delicadas funciones. Ahora, con la nueva
Ley, por el contrario, el juez cuida y observa
que la contraparte en juicio haya sido citada
legalmente, y cuando decimos esto queremos
significar que se verifica el cumplimiento de
los plazos establecidos por la ley, para así
garantizar el sagrado derecho de defensa
instituido en nuestra Constitución.
Cabe destacar también como avance y aporte
de esta Ley núm. 108-05, la eliminación del
sistema de la Revisión Oficiosa o automática
que imperaba en la vieja Ley núm. 1542 por
ante el Tribunal Superior de Tierras, que era
JUSTICIA &
Razón
solo uno en el país, ubicado en la ciudad de
Santo Domingo, Distrito Nacional. En la
actualidad la viabilización de un recurso de
apelación como tal, tiene que ser realizado
mediante un acto de alguacil notificado a
las partes y depositado por ante la Secretaría
del Tribunal a-quo, para que éste en
el plazo establecido efectúe las diligencias
administrativas de lugar y lo envíe por
ante el Tribunal Superior de Tierras al cual
corresponde conocer y juzgar el recurso de
conformidad con la ley que rige la materia.
Esta Normativa que ahora aplicamos, ha
traído consigo, la creación de otros Tribunales
Superiores de Tierras Departamentales,
que han descentralizado el Departamento
Central ubicado en Santo Domingo, y se han
creado el del Norte en Santiago, el del Noreste
en San Francisco de Macorís y el del Este,
en El Seibo, correspondiente y abarcando la
competencia como Tribunal de alzada de las
Provincias a cargo de cada uno de ellos; sin
dejar de mencionar, por supuesto, la creación
por ley del Tribunal Superior de Tierras en
Azua y sus demarcaciones en el Sur del país,
el cual aún el Poder Judicial no ha puesto en
funcionamiento, presumiblemente por falta
de recursos económicos.
También cabe destacar, y sería una mezquindad
no expresarlo, que la Ley núm. 108-05
cuenta con diez (10) Principios esenciales en
que se fundamentan tanto la ley como los
Reglamentos de los Tribunales de Tierras,
Mensuras Catastrales y Registro de Títulos,
los cuales están después de los considerandos
y antes del articulado de la referida legislación.
También es un apreciable aporte la
creación de la Dirección Nacional de Registro
de Títulos y la existencia de tres (3) vías de
recursos para subsanar a juicio del usuario
cualquier decisión contraria a sus peticiones,
como lo son: a) Reconsideración ante
el mismo Registrador; b) Jerárquico ante la
Dirección Nacional de Registro de Títulos y
c) Jurisdiccional ante el Pleno del Tribunal
Superior de Tierras correspondiente.
Otros valiosos aportes de esta Ley ha consistido
en la eliminación progresiva de las Cartas
Constancias en los Certificados de Títulos,
excepto en la referente a los Condominios,
cuyo conocimiento real y legal en la práctica
año 6 • NúMERO 11 • JUNIO 2016
9