Calificadora Periodismo disidente? reconsideraciones Cristóbal hermoso

JUSTICIA &
Razón
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Así pues, tanto la necesaria contradicción
a que debe quedar sometido el debate y la
administración de las pruebas, como el
derecho a ser oído, sea directamente o por
vía de representación legal, son componentes
de primer orden en la imbricación del
debido proceso conforme a la definición que
esbozáramos antes 22 ”.
4. Con la proclamación de la Constitución
de la República del 26 de enero de 2010
se establece un nuevo paradigma en la
constitucionalización de los derechos de
las partes, en efecto el artículo 69 de la
actual Carta Magna reza:
“Artículo 69.- Tutela judicial efectiva y
debido proceso. Toda persona, en el ejercicio
de sus derechos e intereses legítimos, tiene
derecho a obtener la tutela judicial efectiva,
con respeto del debido proceso que estará
conformado por las garantías mínimas que
se establecen a continuación:
1) El derecho a una justicia accesible,
oportuna y gratuita;
2) El derecho a ser oída, dentro de un
plazo razonable y por una jurisdicción
competente, independiente e imparcial,
establecida con anterioridad por
la ley;
3) El derecho a que se presuma su inocencia
y a ser tratada como tal, mientras
no se haya declarado su culpabilidad
por sentencia irrevocable;
4) El derecho a un juicio público, oral y
contradictorio, en plena igualdad y con
respeto al derecho de defensa;
5) Ninguna persona puede ser juzgada
dos veces por una misma causa;
6) Nadie podrá ser obligado a declarar
contra sí mismo;
7) Ninguna persona podrá ser juzgada
sino conforme a leyes preexistentes al
acto que se le imputa, ante juez o tribunal
competente y con observancia de
la plenitud de las formalidades propias
de cada juicio;
22 Constitucionalización del Proceso Civil. Escuela Nacional de la Judicatura,
2005. Págs. 264-266
8) Es nula toda prueba obtenida en violación
a la ley;
9) Toda sentencia puede ser recurrida
de conformidad con la ley. El tribunal
superior no podrá agravar la sanción
impuesta cuando sólo la persona condenada
recurra la sentencia;
10) Las normas del debido proceso se
aplicarán a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas”.
5. Para Domingo Gil, en la Constitución
Comentada editada por la Fundación
Institucionalidad y Justicia (Finjus), este
artículo posee el siguiente alcance:
“Superando una moderna concepción
doctrinal que entiende la tutela judicial
efectiva como una especie de debido proceso
judicial (confundiendo así la tutela con los
medios para ésta), el artículo 69 de nuestra
Constitución concibe la tutela judicial efectiva
como un derecho a la protección (por
parte del Estado) de todo tipo de derechos
e intereses legítimos, y al debido proceso,
en cambio, como el escenario jurisdiccional
donde han de ser amparados, salvaguardados
o protegidos esos derechos e intereses.
Por consiguiente, a la luz de este texto
la tutela judicial efectiva funciona como
un derecho de salvaguarda judicial de los
derechos legítimos, mientras que el debido
proceso es, como garantía procesal de carácter
constitucional, el instrumento que sirve
a esos propósitos.
El debido proceso que describe dicho texto
comprende, como un mínimum, dos tipos
de derechos, los derechos al proceso y los
derechos en el proceso. Los primeros son
concebidos como los que tienen que ver con
el acceso a la justicia; los segundos, como los
que se ejercen ya iniciado el proceso.
El catálogo de esos derechos mínimos incluidos
en el texto es el que a continuación
indicamos:
Derechos al proceso:
a. Derecho de acceso a la justicia.–
En este texto el derecho de acceso a la
justicia aparece diferenciado del derecho a
ser oído, como si se tratase de dos derechos
año 6 • NúMERO 11 • JUNIO 2016