Calificadora Periodismo disidente? reconsideraciones Cristóbal hermoso

JUSTICIA &
Razón
Acción Civil
Considerando, que los tribunales apoderados de una acción civil accesoria a la
acción pública, pueden pronunciarse sobre la acción civil, aún cuando el aspecto
penal se encuentre insuficientemente caracterizado, que en la especie, la Corte a-
qua confirmó que las faltas cometidas por la recurrente, ciertamente
comprometen su responsabilidad civil; que al establecer la alzada que el conflicto
de que se trata fue generado por haber la imputada inobservado las reglas de
convivencia entre vecinos medianeros, consignadas en las Leyes números 675 y
6232, merece sanciones civiles proporcionales al daño ocasionado a los
querellantes y actores civiles, hizo una correcta valoración de los hechos; por
consiguiente procede desestimar lo esgrimido en este aspecto por la recurrente
en su recurso (Sentencia núm. 12, del 10 de diciembre del 2012).
Acción pública a instancia privada
Considerando, que cuando la acción penal es pública a instancia privada, lo que se
exige es que en esa instancia privada, impulsada por la víctima, ésta se encuentre
siempre presente para que el Ministerio Público pueda ejercer efectivamente la
acción penal pública, lo que no implica que la víctima abandone dicho ejercicio al
citado funcionario sino que se mantenga siempre impulsando su requerimiento
para que aquel pueda sostener la acción. (Sentencia núm. 7, del 01 de octubre del
2012).
Acción penal privada
Considerando, que el Código Procesal Penal enumera taxativa y específicamente
los delitos de acción privada, correspondiendo al derecho sustancial establecer
ese límite porque con él se otorga un poder dispositivo en la realización de la
acción. Considerando, que por delimitación del derecho material en determinados
delitos el órgano oficial queda excluido desde el punto de vista de la titularidad
para ejercer la acción correspondiente, subordinándose el interés punitivo del
Estado respecto a determinados delitos al interés del particular que resultare
ofendido pueda tener para que se castigue el ilícito de que se trata, dejando en sus
manos la acción para que la actividad jurisdiccional declare la culpabilidad, como
presupuesto constitucional de la pena. Considerando, que este tipo de delitos
constituyen una excepción al principio general en materia de persecución penal, y
solamente el ofendido tiene derecho a promover y ejercitar la acción penal,
conforme establece el artículo 31 del Código Procesal Penal, y ponderado
válidamente por la Corte a-qua (Sentencia núm. 38, del 29 de julio del 2013).
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Ejercicio de la acción penal
Considerando, que el legislador del Código Procesal Penal al identificar el ejercicio
de la acción no distinguió aquellos asuntos derivados de accidentes de tránsito
regulados en la Ley 241 de 1967, y sus modificaciones; en ese orden, esta Sala
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Mayo 2016
año 6 • NúMERO 11 • JUNIO 2016