Calificadora Periodismo disidente? reconsideraciones Cristóbal hermoso

JUSTICIA &
Razón
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el hecho incriminado, determinación de la
persona inculpada, publicidad e intención
culpable. Y cuatro de ellos mutatis mutandi
resultan concurrentes para la injuria.
El estatuto regente de las infracciones de
alta tecnología, entre cuyo contenido constan
las especies de la delincuencia dígitomediática,
ya lleva nueve años aplicándose
en la solución de los casos suscitados en la
galaxia cibernética. Sin embargo, pese a ello,
cabe poner de manifiesto que los hallazgos
en torno a determinados precedentes
judiciales que mostraren datos dignos de
comentarios resultaron extremadamente
escasos, expresión eufemística que fue dicha
con el objetivo de eludir la propensión
humana de ser tan categórico en el aserto
proferido.
Y peor aún, los precedentes judiciales existentes
carecían de relevancia notoria para
traerse a colación en el desarrollo retórico
de este ensayo. Así, por ejemplo, uno de esos
fallos hacía referencia a la extinción 3 de una
casuística relacionada con la difamación e
injuria, donde figuraba la materialidad de los
artículos 21 y 22 de la Ley núm. 53-07, en el
cuadro de la imputación penal objetiva.
Ahora bien, conviene de repente valerse de la
sentencia núm. 102, de fecha 24 de junio de
2015, proveniente de la Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia, a fin de resaltar
cómo el jurista, prestador del servicio profesional,
cometió el craso error procesal, tras
incluir en el cuadro fáctico de la imputación
penal objetiva todas las normas jurídicas que
tipifican la difamación e injuria en su esfera
tridimensional. En tal sentido, la instancia
escriturada hizo acopio de los artículos 367,
371 y 373 del Código Penal; 29, 33, 34 y
35; 21 y 22 de las leyes 6132 y 53-07, sobre
expresión y difusión del pensamiento 4 , así
como de crímenes y delitos de alta tecnología,
respectivamente.
En la práctica forense vernácula, los juristas
en su rol abogadil suelen pecar de dicho mal,
consistente en violar la formulación precisa
de cargos. Ello se pone de manifiesto cuando
se hace una inclusión total en la pieza acusatoria
de la normativa material que tipifica
la conducta prohibida. Luego, a resultas de
ello, también propenden a vulnerar el debido
proceso de ley. Empero, tales letrados
insisten en ese desafuero, pese a todos los
estragos que terminan causando a la sana
administración de justicia.
Esa desaguisada actuación procesal quizás
obedezca a la ignorancia supina que traen
determinados juristas desde las aulas universitarias,
o bien a ciertos tecnicismos de malas
artes. Entretanto, con ese proceder consuetudinario
logran abultar los presupuestos fácticos
de sus pretensiones punitivas, a través
de esa retahíla de normas jurídicas, dizque
con la intención soterrada de infundir temor
en el eventual agente infractor, procurando
3 Sentencia núm. 102 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia, de fecha 24 de junio de 2015.
4 El Tribunal Constitucional (TC) dio a conocer el día 21 de febrero
de 2016, a través de los medios de comunicación, el dispositivo
de su sentencia, dotada de 6 ordinales, a fin de declarar la nulidad
de los artículos 30, 31, 34, 37, 46, 47 y 48 de la Ley núm.
6132, sobre expresión y difusión del pensamiento, en busca de
reivindicar los derechos libertarios de opinión e información,
cuyos ejercitantes, sean periodistas o ciudadanos, pueden quedar
exentos de persecución penal, aunque sí pasibles de responder
civilmente.
año 6 • NúMERO 11 • JUNIO 2016