Calificadora Periodismo disidente? reconsideraciones Cristóbal hermoso

JUSTICIA &
Razón
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en relación de aquello que necesariamente
debe garantizarse.
Para determinar el interés superior del niño,
niña y adolescente en una situación concreta,
se debe apreciar: 1. la opinión del niño, niña y
adolescente; 2. la necesidad de equilibrio entre
los derechos y garantías del niño, niña y
adolescente y las exigencias del bien común;
3. la condición específica de los niños, niñas
y adolescentes, como personas en desarrollo;
4. la indivisibilidad de los derechos humanos
y, por tanto, la necesidad de que exista equilibrio
entre los derechos de los niños, niñas y
adolescentes y los derechos de los adultos y
los principios y valores constitucionales.
La necesidad de priorizar los derechos del
niño, niña y adolescente frente a los derechos
de las personas adultas evita la arbitrariedad
del Estado, la sociedad, las personas y de
los jueces penales; a estos últimos, en la
estructuración del razonamiento judicial, se
les puede controlar dicha arbitrariedad exigiéndoles
sujeción efectiva a la Constitución
y las leyes, de donde emanan los principios
y valores fundamentales, así como también,
demandándoles respeto de las exigencias de
motivación y justificación de la decisión al tenor
de las disposiciones de los artículos 69.9
y 149.II de la Constitución, 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos,
141 del Código de Procedimiento Civil y 22,
334 y 335 del Código Procesal Penal.
Una discriminación positiva para igualar los derechos
humanos y el acceso a la justicia de las
personas en razón de su edad se puede advertir
en materia de alimentos, cuando el artículo
194 de la Ley núm. 136-03 expresa que “la
sentencia que intervenga será considerada
contradictoria, comparezcan o no las partes
legalmente citadas. La misma no será objeto
del recurso de oposición”, lo que significa que
sería recurrible en apelación y “el recurso de
apelación en esta materia no es suspensivo de
la ejecución de la sentencia y puede beneficiar
tanto al recurrido como al o la recurrente”.
Para priorizar los derechos del niño, niña y adolescente,
sobre los derechos de los adultos, se
puede poner como ejemplo cuando el ministerio
público o un tribunal desean determinar
cuál es el padre de un determinado niño, niña
y adolescente, y la persona imputada se niega
año 6 • NúMERO 11 • JUNIO 2016
a la extracción de fluidos (sangre) para realizar
el ADN, por entender que el no debe proveer
las pruebas del juicio en su contra, porque
no lo pueden obligar a autoincriminarse y
porque se viola su integridad física.
En tal caso, el acusador y el tribunal, pueden
sustentarse en los artículos 42.1, 42.3 y 56 de
la Constitución, con soporte en los artículos
3, 9, 18, 20 y 40 de la Convención, según los
cuales “toda persona tiene derecho a que se
respete su integridad física, psíquica, moral
y a vivir sin violencia. Tendrá la protección
del Estado en casos de amenaza, riesgo o
violación de las mismas. En consecuencia: 1)
Ninguna persona puede ser sometida a penas,
torturas o procedimientos vejatorios que impliquen
la pérdida o disminución de su salud,
o de su integridad física o psíquica; 3) Nadie
puede ser sometido, sin consentimiento previo, a
experimentos y procedimientos que no se ajusten
a las normas científicas y bioéticas internacionalmente
reconocidas. Tampoco a exámenes
o procedimientos médicos, excepto cuando
se encuentre en peligro su vida”; y que “la
familia, la sociedad y el Estado, harán primar
el interés superior del niño, niña y adolescente;
tendrán la obligación de asistirles y protegerles
para garantizar su desarrollo armónico e
integral y el ejercicio pleno de sus derechos
fundamentales, conforme a esta Constitución
y las leyes…”
Estos textos normativos prohíben el someterse
“a experimentos y procedimientos que no
se ajusten a las normas científicas y bioéticas
internacionalmente reconocidas”, pero no
aquellos procedimientos que sí cumplan las
normas científicas y bioéticas reconocidas,
por lo que, en el ejemplo indicado de ADN
para imponer el derecho al nombre y conocer
sus padres de los derechos del niño, niña y
adolescente, por encima de los derechos de
los adultos, dada la condición de vulnerabilidad
del niño, se puede obligar judicialmente
a los adultos en la extracción de fluidos o
muestras necesarias, siempre y cuando sean
utilizadas las normas y protocolos aceptados
por la medicina para esos casos.
Así que, cuando no se cumple con la protección
efectiva del interés superior del niño,
no se debe dejar de lado la existencia de
responsabilidad, penal, civil, administrativa