Calificadora Periodismo disidente? reconsideraciones Cristóbal hermoso

JUSTICIA &
Razón
La letra (a) establece: “Comprobar que la documentación
presentada este completa y cumple
con los requisitos de forma y fondo establecidos
para la actuación solicitada” (El subrayado de
las palabras forma y fondo es nuestro). Estos
términos, a nuestro entender, son uno de
los causantes que producen tantos oficios de
rechazo de los Registradores, salvo honrosas
excepciones, ¿Por qué? Porque al momento
de calificar lo peticionado, ya sea un acto convencional
o judicial, en el caso de lo convencional
se ha llegado tan lejos que se verifica
si coexisten las condiciones esenciales para la
validez de las convenciones, olvidándose que
su calificación solo debe versar en aspectos
de forma, para detectar la existencia de vicios
sean estossubsanables o insubsanables, ya
que de permitirse esto, lógicamente estaría
desbordándose el ámbito de su apoderamiento
administrativo y haciendo labores
puramente jurisdiccionales que por ley solo
están permitidas al Juez, previo correcto
apoderamiento y con los límites legales y
procesales que el mismo entraña.
En cuanto a los actos judiciales, en calificaciones
registrales de decisiones jurisdiccionales
tanto de primer grado como de segundo
grado, las cuales al ser calificadas no solo han
desbordado lo estatuido en el Reglamento
de los Registros de Títulos, sino que hasta se
ha llegado a los límites de indicarle al órgano
jurisdiccional que ha incurrido en violaciones
de artículos de la ley ordinaria y de la Normativa
Inmobiliaria, autocolocándose en una
especie de tribunal de casación, calificando
asuntos de aplicación de las leyes al fondo
y contenido de convenciones, que dicho sea
de paso, solo le es permitido a la SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA, de conformidad con
la Ley de casación y nuestra ley fundamental
suprema.
Con respecto a la letra (d) del mencionado
artículo, consideramos como un exceso el
otorgarle facultad por la vía Reglamentaria
al Registrador de “examinar y comprobar la
legitimidad y capacidad legal de los otorgantes”,
siendo esto una calificación exorbitante que
lo coloca por encima de las atribuciones
que otorga la ley a un juez en el ámbito
contencioso, conferidas estas, en el Título
III Capítulo II del Código Civil, relativo a las
condiciones esenciales para la validez de las
convenciones, Artículo 1108, precepto legal
que trata entre otros aspectos de la capacidad
para contratar y en la sección 2da., de la capacidad
de las partes contratantes, situaciones
estas que pueden ser ventiladas en un juicio
público, oral y contradictorio interpartes,
donde se respete el debido proceso y se ejerza
una tutela judicial efectiva; al tenor de lo
contenido en el Capítulo II, de las Garantías a
los Derechos Fundamentales, Artículos 68 y
69 de la Constitución de la República.
Otro literal del Artículo comentado que
nos lleva a la reflexión es la letra (h), el cual
establece: “citar, si lo considera pertinente al o
a los solicitantes, propietarios y/o beneficiarios
de cargas y gravámenes, o sus representantes,
si los hubieren, para que ratifiquen o rectifiquen
algún documento sobre el que hubiere alguna
duda respecto de su contenido”. Este texto
reglamentario mueve a preocupación, ya que
en el caso que se trate de un acto convencional
notariado ante un oficial público como
el Notario, que tiene fe pública en todos
los actos que legalice, en caso de dudas si
es auténtico tiene abierto el procedimiento
de inscripción en falsedad y si es bajo firma
privada, la verificación de escritura. En
cuanto a las disquisiciones en lo relativo a
las obligaciones contenidas, es de rigor que
deba ventilarse en un proceso aperturado
para ello; ya que las consecuencias que se
desprende de esto sería contraproducente y
contrario al debido proceso, pues si bien se
procura la seguridad jurídica, mas garantía
y mayor velo de transparencia, debe ser una
actuación de un órgano jurisdiccional y no de
un órgano administrativo.
En cuanto a los literales, a, b, c, e, f y g del
artículo examinado, estamos conteste en
cuanto a que se corresponden a asuntos que
entran en una función calificadora de esta
naturaleza, de corte administrativo.
De manera conclusiva, la Calificación Registral
debe ser ejercida por personas altamente
calificadas, de reciedumbre moral y enorme
espíritu de servicio, y sobre todo con conocimientos
jurídicos que le permitan un desempeño
acorde con lo requerido y estipulado
por la Ley núm. 108-05 y sus Reglamentos
de aplicación.
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año 6 • NúMERO 11 • JUNIO 2016