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JUSTICIA &
Razón
en especial los estamentos del Estado encargados
de la función legislativa y los que
a su vez son responsables de la aplicación
e interpretación de la Ley, sean capaces de
garantizar condiciones adecuadas y funcionales
que posibiliten una defensa efectiva,
objetivamente digna, al margen de cuál
pueda ser el desenlace final del litigio.
Ello comporta, por supuesto, el reconocimiento
tácito o expreso de otras categorías
consecuentes, tales como la contradicción, la
publicidad, la gratuidad del acceso a la justicia,
el derecho a audiencia, la independencia
e imparcialidad de los tribunales, etc., y
precisa también de un armazón conceptual
en que opere el conjunto: El debido proceso.
El debido proceso se erige entonces en la expresión
grupal, regulada, de las diferentes
pautas de orden técnico sancionadas por el
legislador, conducentes a que las partes enfrentadas
desarrollen su litigio en absoluta
igualdad de condiciones, respetándoseles
sus derechos más elementales y en expectativa
de un fallo si acaso no predecible,
calculable “ex ante”, que sería lo ideal, al
menos razonable y equilibrado.
Antecedentes históricos sobre la presencia
en la legislación dominicana de los principios
relativos al derecho de defensa y el
debido proceso.
Desde la primera Carta Sustantiva que
registra nuestra historia republicana, la
de 1844, el constituyente ha venido consagrando
unas veces implícitamente, otras
de manera explícita, la defensa y el debido
proceso entre los derechos de extracción superior,
por influencia de John Locke y de los
pensadores enciclopedistas de la Francia del
siglo XVIII. El antecedente más concreto,
por lo que respecta a la salvaguarda, como
una garantía fundamental, del derecho de
defensa, parece estar en la declaración de
los derechos del hombre y del ciudadano
de que se hicieron eco las constituciones
burguesas que tuvo Francia entre los años
de 1791 y 1793, las cuales a su vez bebieron
del “Contrato Social” y demás corrientes liberales
del denominado siglo de las luces. El
debido proceso como expresión digamos que
“técnica”, de su lado, no es de origen francés
sino inglés, y tiene su más lejano precedente
en la Carta Magna de Juan Sin Tierra de
1215.
La Constitución de noviembre de 1844, en
fin, consagra el debido proceso de Ley, y lo
hace en su Art. 19 al disponer que nadie
podrá ser sentenciado más que por un tribunal
competente, en virtud de las leyes en
vigencia antes de la situación que pretenda
ser sancionada y en la forma positivamente
prevista al efecto.
En cuanto al derecho de defensa, tácito en
todo caso en la normativa ut supra señalada,
no tiene, sin embargo, una consagración
expresa en el referido prontuario, sino que
aparece trasunto bajo el título de “DERE-
CHO PUBLICO DE LOS DOMINICANOS”
en más de una disposición, por ejemplo en
aquella que suprime las limitaciones propias
de la esclavitud (Art. 14), la que consagra
el derecho a no ser perseguido más que en
situaciones previstas por la Ley (Art.16), la
que prohíbe obligar a alguien a hacer lo que
la Ley no manda o impedir que haga lo que
la Ley no priva (Art. 27), etc.
No debemos olvidar que las tensiones políticas
y el estado de guerra que sirvieron de
marco a la redacción y posterior promulgación
de la llamada “Constitución de San
Cristóbal”, no fueron las más a propósito
como para que el texto se explayara detalladamente
en una exposición precisa de
garantías individuales. Recordemos el Art.
210, impuesto por el Gral. Pedro Santana a
punta de fusil y las contradicciones y excesos
a los que más adelante dio lugar.
1.3. Subsunción de los principios de contradicción
y audiencia al principio genérico
del debido proceso de Ley en la legislación
dominicana.
Los principios de contradicción y de audiencia
son elementos que junto a otros de no
menor rango, devienen, en sentido global,
en un sistema armónico cuya consideración
y tratamiento son obligados a propósito del
estudio de las garantías constitucionales
que resguardan la legitimidad de la administración
de justicia: - El Debido Proceso
de Ley.
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año 6 • NúMERO 11 • JUNIO 2016