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JUSTICIA &
Razón
acudir al juez competente, de manera que se
garanticen sus derechos.”
Esto significa que la eventual invalidez de
la querella podría ser perseguida por las
partes a través del único medio que tienen
a su alcance, el de la objeción al dictamen
o al auto de admisibilidad o no dado por el
Ministerio Público, acción que la parte afectada
presentará ante el juez de la instrucción
correspondiente para que decida al respecto.
El imputado puede presentar objeción, con el
fin de oponerse a la intervención del querellante
en el proceso o el querellante ante la
no admisibilidad de la querella. La resolución
dada por el juez es recurrible en apelación.
Es necesario resaltar, que los artículos 269
y 270 del CPP no establecen la figura de la
admisión tácita de las querellas, como es
costumbre del Ministerio Público; por lo que
entender que esta figura existe sería colocar
al imputado en un estado de indefensión,
porque no está en condiciones de preparar
sus medios de defensa, ni conocer que aspectos
objetar.
Entendemos que el Ministerio Público, en
salvaguarda del derecho al debido proceso
y del derecho de defensa, debe siempre
pronunciarse sobre la admisibilidad o no de
las querellas, porque de no hacerlo en esta
etapa procesal le estaría cercenando a la
víctima querellante o al imputado el derecho
de objetar dicha decisión ante el juez de la
instrucción correspondiente, para que revise
el dictamen dado por el Ministerio Público.
Por último, cuando las partes no están de
acuerdo con la decisión dictada por el juez de la
instrucción correspondiente, pueden recurrir
en apelación dicha resolución ante la Cámara
Penal de la Corte de Apelación competente 8 ;
sin embargo, si el Ministerio Público inicia la
etapa de investigación sin dictar el referido
auto de admisibilidad, elimina la facultad que
tienen las partes para objetar dicha decisión
e interponer los recursos correspondientes,
con lo que se viola el debido proceso del querellante
o del imputado y no permitirá ejercer
adecuadamente la tutela judicial efectiva.
8 En los departamentos judiciales donde haya plenitud de jurisdicción,
lo conocerá la Corte de Apelación de ese departamento.
BIBLIOGRAFÍA Bibliografía
1. Navarro, G.; Daray, R. (2008). La querella. El derecho de querella. Su ejercicio en los diversos
procesos e instancias. La capacidad, legitimación y la representación del querellante. Buenos
Aires, Argentina: Hammurabi.
2. Vásquez Rossi, Jorge. (2004). Derecho Procesal Penal, Tomo II. El proceso final. Buenos Aires,
Argentina: Rubinzal-Culzoni.
3. Maier, Julio BJ. (2011). Derecho Procesal Penal. Tomo II. Parte General Sujetos Procesales.
Buenos Aires, Argentina: Editores del Puerto.
4. Roxin, Claus. (2000). Derecho Procesal Penal. Buenos Aires, Argentina: Editores del Puerto.
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REFERENCIAS JURISPRUDENCIALES
1. SCJ, 18 de abril de 2012, núm. 44, en línea, www.poderjudicial.gob.do (consulta: 11 de junio
de 2015).
2. SCJ, 11 de septiembre de 2002, núm. 5, B.J. 1102, p. 31.
3. Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, 1ª Sala, 9 de diciembre del
2013, resolución No. 564-PS-2013, sin publicar.
año 6 • NúMERO 11 • JUNIO 2016