Calificadora Periodismo disidente? reconsideraciones Cristóbal hermoso

JUSTICIA &
Razón
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se bastan por sí mismo. Igualmente podemos
señalar como una conquista el requisito del
deslinde contencioso. La institución de El
Referimiento en materia de tierras es otra
conquista invaluable, que la ley anterior no
lo contemplaba, el cual permite ahora la detención
o paralización de un acontecimiento
manifiestamente ilícito, como lo reza la disposición
legal contenida en la Ley núm. 834
del 17 de julio del año 1978. Igualmente es
un avance en esta materia la necesidad legal
de obtener y expedir la certificación de Registro
de Títulos previa a cualquier operación de
un Certificado o Matrícula.
Debemos reconocer la revolución jurídica que
ha creado en nuestros tribunales, la puesta
en vigencia y aplicación de la Ley núm. 108-
05, no solo en cuanto a la modernización
y agilización de la materia, sino que no se
avizoran subterfugios tendentes a propiciar
o alterar el sagrado y legítimo Derecho a la
Propiedad Inmobiliaria.
En cuanto al Saneamiento, hemos visto
como esta ley lo caracteriza y consagra. No
solamente se conforma en describirlo y
contemplarlo, sino que trata e impone la más
amplia publicidad en el proceso, requiriendo
la notificación de todos y cada unos de los
propietarios que en sus colindancias puedan
tener interés, a fin de evitar inobservancias,
tales como la exclusión y omisión de todos
los que habitan en el lugar mismo, para manifestarle
al Agrimensor apoderado del caso
la calidad de su ocupación o queja tendente
a aclarar si fuere necesario otros derechos
que le pudieren pertenecer, para garantizar
la corrección del trabajo de campo efectuado
y evitar, como a veces sucede en la práctica,
la existencia de superposiciones y deslinde
sobre deslinde, instrumentado de mala fe
y en perjuicio del verdadero y auténtico
propietario.
Asimismo, la nueva Ley núm. 108-05 ha incluido
la implementación y consignación de
la condenación en costas al sucumbiente en
justicia, que anteriormente esa figura no estaba
contenida en la Ley núm. 1542 del año
1947; así como la aprobación de Estados de
Gastos Profesionales al abogado ganancioso,
que dicho sea, después de haber agotado tantas
horas de viajes y momentos tediosos que
provocaban esta materia, ha sido una conquista
más en provecho de nuestros togados.
Debemos referirnos al aforismo popular del
que hacen uso los neófitos de la materia,
cuando expresan: “Que ninguna ley es perfecta”.
El Legislador siempre sabio y en aras
de compensar, quizás, algunas lagunas y omisiones
que pudiera tener la Ley, ha instituido
que para ello, se hace cuasi obligatorio hacer
acopio del Derecho Civil para suplir esas
“deficiencias”. Decimos esto, porque todavía
en muchas tertulias jurídicas, se discute si ha
lugar pronunciar el defecto contra el incompareciente
a la audiencia celebrada al efecto,
no obstante haber sido citado legalmente. Así
como también, la aplicación sobre el descargo
puro y simple en contra del demandante
incompareciente.
En uno y otro caso, hay quienes todavía no
acaban de amigarse con ellas. Pero entendemos
que el primero si ha lugar aplicar. En
cuanto al segundo, mantenemos en principio
la prudencia de que siendo la materia inmobiliaria
la que rige el derecho de propiedad,
es de orden público; lo cierto es que el juez
se obliga hacerle mérito, tanto a la demanda
como al recurso, exencionando por supuesto,
la litis sobre derecho registrado, que es netamente
privada. Bajo reservas de quienes
mantienen otra opinión, la cual respetamos.
En conclusión, la Ley núm. 108-05 ha modernizado
ampliamente el sistema inmobiliario
de la República Dominicana; lo ha agilizado;
lo ha hecho más confiable y seguro. Asimismo,
ha introducido a la materia de tierras
instituciones útiles y modernas que han hecho
esta jurisdicción mucho más garantista y
respetuosa de los derechos fundamentales.
Bibliografía
Bibliografía
• Ley núm. 108-05, sobre Registro Inmobiliario
y sus Reglamentos Complementarios,
de fecha 23 de marzo del año
2005.
• Normativa de la Jurisdicción Inmobiliaria.
Poder Judicial, 2013. Santo Domingo,
República Dominicana.
• Principios doctrinarios y jurisprudenciales
del derecho.
año 6 • NúMERO 11 • JUNIO 2016