Calificadora Periodismo disidente? reconsideraciones Cristóbal hermoso

JUSTICIA &
Razón
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lavado de activos, transferencia de valores
bancarios, pornografía infantil, sustracción
de datos personales y clonación de tarjetas
de crédito, entre otros actos antijurídicos que
de ser mencionados en su totalidad la lista
adquiriría un carácter de amplia prolijidad.
De haber en el ciberespacio una nación
jurídicamente organizada con autoridades
de todo género, incluyendo un gobierno de
administración centralizada, entonces sería
menester legislar para crear una especie de
cyberlaw: un derecho cibernético, votado para
regir en la galaxia digital la política criminal
de similar Estado virtual.
Empero, tal posibilidad resulta quimérica
o utópica, por lo que urge en el mundo real
que cada Estado frente a la ciberdelincuencia
procure pertrecharse del conjunto de normas
jurídicas indispensables de cara a combatir
el fenómeno delictivo ahora más tecnificado,
tras valerse precisamente de los recursos
sofisticados inherentes a la cultura de la TIC.
Como el sistema normativo queda petrificado
o cristalizado en el contexto témporoespacial,
a sabiendas también de que la realidad
suele ser más prolífera o diversificada
que el carácter preventivo encapsulado en la
política criminal ideada por quienes diseñan
las directrices programáticas del Estado;
entonces, debido a todo ello, cabe evidenciar
que la propia dinámica social gira incesantemente
hacia el cambio, tal como lo preconiza
la dialéctica marxista.
Luego, en tal línea de pensamiento, resulta
obvio que en esa misma medida el derecho
habría de ser insuficiente para atacar la
ciberdelincuencia, por lo que el codificador
procuró legislar para suplir, colmar o llenar
semejantes lagunas, vacíos o fisuras que van
atrofiando el ordenamiento jurídico, en el decurso
del tiempo, cuya marcha en todo caso
es indetenible.
A raíz de esa necesidad sentida en el suelo
patrio, el codificador vernáculo decidió
aprobar la Ley núm. 53-07, del 23 de abril de
2007, contra crímenes y delitos de alta tecnología,
en cuya parte argumentativa de cariz
motivacional, a fin de justificar el susodicho
acto legislativo, se reconoce el desarrollo
impresionante que ha experimentado la TIC,
sirviendo por igual de plataforma para la
comisión de los delitos tradicionales.
Entretanto, dicho fenómeno ha dado pábulo
concomitantemente a la comisión de otros
delitos, lo cual afecta los bienes materiales y
extrapatrimoniales de las personas. Luego,
en busca de evitar la impunidad, resulta pertinente
reivindicar el principio de legalidad,
dictando el régimen jurídico prohibitivo de
los nuevos comportamientos lesivos a los
intereses general y particular de la gente, a
cuyo servicio ha de estar el derecho.
En las infracciones que venimos tratando
en este escrito ensayístico, las cuales en el
entorno tecnológico circundante cabría adscribirles
una nueva acuñación terminológica,
cuyo nomen juris pudiera ser prima facie
el de los delitos dígito-mediáticos. En igual
sentido, frente a la aridez doctrinal reinante
en la materia, tales especies del género
tentativamente las denotaríamos como los
ilícitos penales cometidos contra el honor,
la consideración u honra de los particulares
o terceros, usando como medio para lograr
su consumación los recursos propios del
internet.
De la lectura de la Ley núm. 53-07, se desprende
la clasificación de las infracciones en
dos categorías. A saber, la delincuencia propiamente
calificada de alta tecnología, cuyo
estudio no constituye el objeto de atención
de este ensayo. Y a renglón seguido, caen bajo
el encuadre de esta legislación especial los
delitos de contenido.
Como delitos de contenido, quedan englobados
dentro de esta tipología los hechos
punibles que se contraen a la difamación e
injuria, según puede verse en la lectura de
los artículos 12 y siguientes del referido acto
legislativo. Entretanto, con dicha etiqueta se
procura denotar aquellos ilícitos penales de
corte tradicional en el sistema jurídico del lar
nativo, pero revestidos ahora bajo el ropaje
innovador de la nueva tecnología.
Así, bajo esa nomenclatura, los delitos tecnomediáticos
que se traducen en la difamación
e injuria quedan sindicados como de contenido,
previstos en los artículos 21 y 22 de la
Ley antes indicada, cuya materialidad, tras
referirse a todos los medios informáticos
año 6 • NúMERO 11 • JUNIO 2016