Calificadora Periodismo disidente? reconsideraciones Cristóbal hermoso

JUSTICIA &
Razón
El ordenamiento jurídico dominicano
sufre de una verdadera sobreabundancia
legislativa y dentro de ésta, muchas leyes no
se han reformado de acuerdo a los cambios
sociales, económicos, políticos y tecnológicos
que ha tenido el país. Por supuesto que las
modificaciones parciales no han bastado y el
Código de Procedimiento Civil (en lo adelante,
CPC) es un importante ejemplo de ello. En el
Congreso Nacional reposa desde hace tiempo
un proyecto de ley que busca sustituir dicho
Código, revolucionando el procedimiento
civil y comercial y adaptándolo a un mundo
muy distinto al que lo vio nacer. Mientras
tanto, seguimos con un procedimiento de
factura francesa en un ordenamiento jurídico
más cosmopolita que otra cosa.
En ese tenor, el Juzgado de Paz dominicano
se ha convertido con el pasar de los años en
algo completamente diferente a lo que fue el
Juzgado de Paz concebido por el legislador
francés del siglo XIX. Hay que iniciar recordando
que éste, el juge de paix, era el juez de
lo inmediato, el de los conflictos menores, el
de las infracciones de simple policía aunque
siempre con un enfoque conciliador, y en
realidad no eran jueces propiamente hablando.
De ahí disposiciones como la del artículo
7 del CPC, que establece lo siguiente: “Las
partes pueden presentarse siempre espontáneamente
por ante un juez de paz, quien conocerá
de sus diferencias, ya en último recurso, si las
leyes o las partes la autorizan a ello, ya a cargo
de apelación, aunque no sea su juez natural,
ni en razón del domicilio del demandado ni del
asiento de la causa litigiosa. Párrafo. Las partes
que soliciten esa clase de juicios deberán firmar
el acta en que prorroguen la jurisdicción del juez
de paz, y en caso de no saber hacerlo, deberá
consignarse así en el acto.”
Asimismo, este juez de paz no tenía que
ser abogado y como el Código francés fue
incorporado al ordenamiento nacional por
una traducción promulgada en 1884, en República
Dominicana se mantuvo esta misma
disposición hasta la Constitución de 1963,
que en su artículo 148 estableció la profesión
de abogado como requisito para ser juez de
paz, requisito que se reiteró en la Constitución
de 1966. En Francia, los juzgados de paz
fueron eliminados en 1958; en 1978 apareció
el conciliateur de justice y en 2002 fueron creadas
las juridictions de proximité para conocer
casos simples de manera rápida y eficaz.
Ambas figuras coexisten hasta la fecha.
En nuestro país, el Juzgado de Paz ha evolucionado
y tiene muchas otras atribuciones
además de las señaladas por el CPC, según
varias leyes especiales como la número 6186
sobre Fomento Agrícola y la número 483 sobre
Venta Condicional de Muebles, promulgadas
en 1963 y 1964, respectivamente. A
ello deben sumarse disposiciones que inciden
directamente en la justicia de paz, contenidas
en leyes como la número 91 que instituye el
Colegio de Abogados, la cual en su artículo 17
y por tratarse de una ley especial, derogó el
artículo 9 del CPC, que permitía a las partes
comparecer por ante el juez de paz “bien personalmente,
o por medio de apoderado...” Pero
el mencionado artículo 17 de la Ley número
91 exige constitución de abogado para todas
las acciones judiciales, con excepción de lo
laboral y del hábeas corpus.
Precisamente, la cuestión de la necesidad
del ministerio de abogado ante el Juzgado
de Paz en atribuciones civiles es un debate
para nada pacífico. Las opiniones en contra
se fundamentan, principalmente, en la irrazonabilidad
de tal exigencia frente a casos de
muy poca monta, en los cuales la contratación
de un profesional del Derecho excedería
la suma envuelta. De lo anterior, se arguye,
derivaría un obstáculo injustificado al acceso
a la justicia, y por ende, una vulneración a la
tutela judicial efectiva.
Pero ha de retornarse al punto de partida:
nuestro Juzgado de Paz no es el que fue configurado
por el legislador francés hace más de
dos siglos. No es, mucho menos, el Juzgado
de poca monta que tanto hemos escuchado
y repetido, incluso desde las aulas de la
universidad. La verdad es que se trata de un
tribunal tan complejo como los de primera
instancia y sus equivalentes, y la cuantía
del caso no significa simplicidad. Al menos,
y en los hechos, esto puede afirmarse de los
Juzgados de Paz ubicados en las grandes ciudades,
si bien los Juzgados de los municipios
del interior del país conservan esa sencillez
que originalmente caracterizó a esta jurisdicción,
aunque legalmente no hay distinción.
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año 6 • NúMERO 11 • JUNIO 2016