Calificadora Periodismo disidente? reconsideraciones Cristóbal hermoso

JUSTICIA &
Razón
en cuanto al exceso, a moderada composición y
se les despachen nuevos títulos, y todas las que
estuvieren por componer, absolutamente harán
que se vendan a vela y pregón y rematen en el
mayor ponedor dándoseles a razón de censo al
quitar” 6 , es decir, que los ocupantes de tierras
en exceso debían ser sometidos a moderada
composición, llamándosele así al procedimiento
establecido para que el ocupante
acudiera a comprar el exceso, si el comprador
no podía realizar el pago en ese momento, se
le imponía un Censo al Quitar, una especie
de gravamen. Dadas las características de
depuración de las tierras que contenía esta
ley, se evidencia que en ella se encuentran
los primeros pasos hacia el saneamiento de
la propiedad mediante la depuración de los
derechos.
Recoge nuestra historia una seria de intervenciones
extranjeras que en cierto modo
evitaron que las leyes creadas a fin de regular
las tierras en el país cumplan efectivamente
con la misión para la que fueron creadas,
incidentes como la cesión de la isla a Francia
mediante el tratado de Basilea del año 1795;
la reincorporación de la isla nuevamente a
la madre patria (España), en el año 1809; la
Independencia Efímera de llevada a cabo por
Núñez de Cáceres; y la ocupación haitiana del
año 1922.
A todo esto, seguimos adelante, pues resulta
que con la proclamación de la Independencia
Dominicana el 27 de febrero de 1844, se adquieren
todos los derechos sobre el territorio
dominicano para el Estado Dominicano, y es
aquí donde se inicia la conformación del patrimonio
nacional, lo cual incluyó la recuperación
de bienes muebles.
Con la Independencia viene la primera Constitución
Dominicana del 6 de noviembre del
año 1844, la llamada Constitución de San
Cristóbal; esta Constitución estableció en su
artículo 2 que “La parte Española de la Isla
de Santo Domingo y sus islas adyacentes,
forman el territorio de la República Dominicana”.
Mientras que el artículo 21 consagró
el derecho de propiedad como un derecho inherente
a la persona humana, es decir, como
un derecho fundamental “nadie puede ser
expropiado sino por causa de utilidad pública,
previa justa indemnización”. Desde allí viene la
disposición del justo precio como pago de los
derechos expropiados, aunque penosamente
el Estado dominicano siempre ha luchado
por no cumplir el mandato.
Con el nacimiento de la República Dominicana
se promulgó la Ley General Sobre Bienes
Nacionales, de fecha 21 de julio del 1845,
durante el mandato de Pedro Santana. Esta
ley consagró en su artículo 1, que todas las
propiedades sin dueño conocido, situadas
en el territorio de la República, son bienes
nacionales; y su artículo 2 dispone que todas
las tierras que hayan pertenecido a gobiernos
extranjeros, convenios religiosos, órdenes y
cofradías ya no existen y no les pertenecen.
De igual forma se creó una comisión para
atender todos los reclamos que se hicieren.
En la Capital: Compuesta por los presidentes
de los tribunales, el primer nombrado a la
Diputación Provincial y el Inspector de Hacienda.
En las Provincias: Por el Presidente
del tribunal, el primer nombrado a la Diputación
Provincial, el Alcalde y el Encargado
de la Administración de Hacienda. Mientras
estas comisiones rendían sus informes, los
bienes quedaban bajo secuestro, esto lo dispuso
el artículo 3 de la misma ley. La Ley de
Bienes Nacionales viene a definir cuáles son
los bienes del Estado Dominicano, es por ello
que en la primera Junta Gubernativa post
independentista fueron secuestrados los
bienes de los haitianos.
La ley también estableció la extinción de
todos los gravámenes existentes en ese momento;
y entre otras cosas:
• Que el Estado era el dueño absoluto de
todas las tierras sin dueño conocido;
• Que todos los bienes mobiliarios o inmobiliarios,
capitales, rentas propiedad
de la corona, de los haitianos, de las
organizaciones religiosas le pertenecían;
• Se declaró propietario de los bienes de
todos los haitianos que se rehusaron a
nacionalizarse como dominicanos;
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6 Ruiz Tejada, Manuel Ramón. Estudio sobre la Propiedad Inmobiliaria
en la República Dominicana, Editorial Caribe, C. Por A.;
Serie III, año 1952. pág. 17.
año 6 • NúMERO 11 • JUNIO 2016