Calificadora Periodismo disidente? reconsideraciones Cristóbal hermoso

JUSTICIA &
Razón
« Introito »
La razón de que la independencia judicial
tenga tanta importancia pública se debe a
que una sociedad libre solo existe en la medida
en que está regida por el principio de la
legalidad. Este principio obliga a gobernantes
y gobernados, administrados imparcialmente,
y concede un trato igualitario a todos quienes
procuran reparaciones o contra quienes tales
reparaciones se procuran. Por muy vagamente
que se la perciba y por muy confuso que sea
el pensamiento, en los corazones de todos los
hombres y mujeres existe una aspiración de
legalidad. El cumplimiento de esta aspiración
depende de que los jueces apliquen la ley de
manera competente e imparcial 1 .
Tenemos la costumbre de que la independencia
judicial incluye la independencia respecto
de los dictados del Poder Ejecutivo; empero,
si bien es la forma más favorable a influir
desde el ejecutivo hacia el judicial, pues quien
ostenta el poder tiende a abusar del mismo,
también se pueden vislumbrar injerencias
del Poder Legislativo en la independencia de
la judicatura. Esto se logra, porque los jueces
suelen ser boca de la ley y su poder dimana
de aquel texto normativo. En la exégesis francesa
de mediados del siglo XIX era común la
expresión: dura lex sed lex (la ley es dura pero
es la ley), pero cuando esa ley atenta contra
los principios cardinales de la democracia y el
estado constitucional de una país, no merece
llamarse ley. Una ley que es injusta, no es una
norma valida.
Ya no se acepta la idea de que los jueces son
simplemente la “boca de la ley”; por el contrario
se les reconoce la función de árbitros al
más alto nivel. Cualquier juez, aun cuando conozca
la más simple de las causas, sabe que su
función es aplicar y defender la Constitución;
por extensión, se defienden el sistema político
y de las decisiones democráticas fundamentales
2 . Las leyes que organizan la vida de la sociedad
y de los sistemas políticos que dirigen a
esta última, de nada servirían sin la existencia
de una estructura judicial que se manifieste en
una justicia pronta y efectiva. En ese sentido,
1 Sir Gerard Brennan, Chief Justice of Australia, “Judicial Independence”,
The Australian Judicial Conference, Canberra, 2 de
noviembre de 1996, disponible en www.hcourt.gov.au.
2 Página ix, Estructuras Judiciales. Eugenio Raúl Zaffaroni.
el aspecto social y político de la justicia para la
vida y desarrollo de un pueblo son esenciales
y deben estar dentro de las características
básicas que comparten todas las democracias,
aunque se presenten de diversas formas, y
sobre todo, con diferente intensidad.
Empero, para lograr esa ambición de justicia
esperada, lo característico del juez debe ser
su independencia, que busca garantizar la
imparcialidad de este tanto frente a las partes
como frente a las diversas instituciones de
orden político que integran la sociedad. Entonces,
estamos hablando aquí de una función
judicial que es la función propia de un poder
del Estado, esto es, una función política por
antonomasia. Una función que tiene a su
cargo -como la ejecutiva y la legislativa, claro
en la labor jurisdiccional- la realización de los
principios fundamentales sobre los que se
asienta la organización del sistema republicano
y democrático adoptado por las diferentes
constituciones de los distintos países del
mundo contemporáneo.
« La Veda del Voto Disidente por
Disposición del Legislativo »
Es atribuida al abogado y filósofo francés,
François Marie Arouet, más conocido como
Voltaire, la frase que reza: “No estoy de
acuerdo con lo que dices, pero defenderé
con mi vida tu derecho a expresarlo”. Es un
derecho innato del ser humano el disentir de
las opiniones de los demás; lo cual no es solo
sano sino también necesario, pues no existe
nada peor que un poder ilimitado puesto en
manos de un limitado.
Si el poder de decidir debe ser impuesto por
la mayoría, por lo menos el derecho a no estar
de acuerdo con la mayoría se debe reservar al
disidente. En los tribunales colegiados, cualquiera
que sea su naturaleza, las decisiones
se adoptan por mayoría de votos y cuando
existe un voto disidente o salvado, ese voto
debe hacerse constar en la decisión.
El derecho a disentir en los votos de una decisión
judicial a tomar ha sido expresamente
consagrado en la actual Constitución, si bien
para el Tribunal Constitucional, a fortiori para
todos los demás jueces que integran el tren
judicial. En efecto, por acuerdo del artículo
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año 6 • NúMERO 11 • JUNIO 2016